La comisión parlamentaria creada por consenso hace un par de meses para promover una nueva Lei do Solo se encamina hacia el fracaso. El acuerdo se presenta prácticamente imposible una vez que PP, PSOE y BNG han escenificado posiciones diametralmente opuestas cuando solo falta el último trámite, la aprobación la próxima semana del dictamen con las conclusiones y las propuestas de la comisión parlamentaria que servirán de base para la nueva norma. PSOE y BNG ya anunciaron que votarán en contra del dictamen -elaborado por el PP por contar con mayoría absoluta- ante la "farsa" y la "chapuza" de sus propuestas y que presentarán textos alternativos. Y los populares les acusaron de rehuir voluntariamente del acuerdo.
El impulso a esta comisión se le dio el pasado mes de septiembre tras la reunión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Ambos consideraron pertinente iniciar un diálogo para definir una nueva Lei de Solo, pero las negociaciones solo han revelado las grandes diferencias que separan a los grupos parlamentarios.
El primer grupo en desmarcarse fue el BNG. Acusó al PP de protagonizar una "farsa" con su oferta de diálogo y de presentar como dictamen de la comisión lo que en realidad es la propuesta de los populares. Y ayer se sumó el PSOE. Su portavoz de Ordenación del Territorio, Xosé Sánchez Bugallo, considera que el dictamen es una "chapuza y un disparate" cuyo objetivo "podría ser legalizar determinadas actuaciones que hoy son ilegalizables". Añadió que la propuesta impulsada por el PP "empeora" la actual ley que "proseguirá con la destrucción del territorio".
Ante la maniobra del PSOE, de anticiparse al resultado de la votación la próxima semana en la comisión, el PP tuvo que salir a escena para denunciar a su vez que es la oposición, y singularmente los socialistas, la que practica el "escapismo" para evitar un acuerdo. Su portavoz de Urbanismo, Román Rodríguez, entiende "lógica" la postura de AGE y BNG por "estar desconectados de la realidad del país", pero le sorprende que el PSOE "huya" del acuerdo "dado que su modelo es bastante común en los ejes vertebradores".
Sánchez Bugallo considera que la propuesta del PP representa "un severo retroceso" de la ley, puesto que "invade competencias locales" al excluir de su ámbito de actuación más del 90% del territorio municipal, "que es el suelo rústico", el cual "pasa a ser competencia autonómica".
También denuncia que el texto desprotege el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, de forma que "condena a la desaparición" al rural, ya que "dificulta" que, por ejemplo, ganaderos tengan base territorial suficiente para alimentar al ganado. Además, Bugallo critica que "vuelve a un escenario que es la ley de 1997", de manera que "se podrá edificar en todo suelo rústico con una parcela mínima de 2.000 metros cuadrados", lo que "dará lugar a miles de viviendas desperdigadas" que luego reclamarán servicios que la administración será incapaz de cumplir.
Por su parte, Román Rodríguez destacó como principales ventajas de la propuesta del PP la reducción de la tramitación administrativa para aprobar los planes urbanísticos, la supresión del agente edificador, "una figura que supuso una serie de problemas y que es una muestra de que no queremos favorecer la especulación", y la posibilidad e que los concellos de menos de 5.000 habitantes puedan participar más en la elaboración de los planes básicos para recoger las especificidades de cada término municipal.
El diputado popular también destacó la petición de un informe único a la Xunta, que "va a posibilitar que se gane muchísima agilidad y que se ahorre muchísimo tiempo", el cual deberá integrar los informes sectoriales emitidos por los diferentes departamentos de la comunidad. Y es que, señaló, en la tramitación administrativa de un plan general se tiene que informar de "muchísimos aspectos" de carácter sectorial como aguas, patrimonio o medio ambiente.
