En el suspenso generalizado entre las administraciones españolas en el examen de Bruselas al déficit de 2013, hay un claro alumno aventajado, que incluso ya el ejercicio anterior logró un importante reequilibrio de sus arcas. Las entidades locales finalizaron el ejercicio con un superávit el 0,4% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), equivalente a unos 4.000 millones de euros que ayudaron a que el incumplimiento del conjunto del sector público no fuera más allá de doce centésimas. A la espera de los datos a fondo que radiografían el comportamiento individualizado, los concellos, diputaciones y mancomunidades en Galicia lograron llevar a las arcas casi 104 millones de euros de más de lo que gastaron. En 2012 esa diferencia fue de tan solo 4,6 millones de euros y está un punto por encima del equilibrio presupuestario que registraron la totalidad de las corporaciones y organismos municipales en España, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda.

La vuelta de tuerca en las cuentas para cumplir con el déficit tiene varias explicaciones y un resumen muy básico: exprimir ingresos para aguantarlos lo máximo posible y, sobre todo, pasar la tijera a fondo en los gastos. Los primeros sumaron 2.608,5 millones de euros, incluida la recaudación pendiente de anualidades anteriores, lo que supone un 0,08% menos que el año anterior. Los pagos, también con el cómputo de lo que se desembolsó por obligaciones pendientes, ascendieron a 2.504,7 millones de euros, un descenso que rozó el 4%. Más de cien millones de variación.

La medida impuesta por el Gobierno central de elevar los tipos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) contribuye definitivamente a que la aportación de los gravámenes directos a los ayuntamientos gallegos crezca un 1,8%. Son casi el 29% del total de ingresos. Los indirectos se anotaron otra importante subida, del 6,1%, aunque su parte de la cesta fiscal municipal es muchísimo menor, del 2,5%. En cambio, las tasas y precios públicos, gran fuente de financiación a las entidades -el 15,5%- descendieron un 0,6%. Como paliativo actuaron las transferencias corrientes recibidas desde otras administraciones y que escalaron un 16,8%, hasta representar el 44,8% del dinero que entró en las arcas.

IBI y las transferencias permiten compensar la enorme caída en el endeudamiento. La liquidez por operaciones financieras se desplomó más de un 79%, con apenas 56 millones de euros, frente a los más de 239 millones que las localidades y organismos provinciales de la comunidad captaron en 2012 a través de préstamos bancarios.

Aún así, el coste derivado de la constitución de activos de deuda y fianzas crece un 6,7% dentro del capítulo de gastos. Y alrededor de un 22% el de las amortizaciones de créditos que vencían. Esa partida, con 187,8 millones, supone un 7,5% del desembolso anual. Los pagos por intereses, en cambio, cayeron un 5,3%, hasta los 27 millones de euros.

La contención en los gastos corrientes tanto en bienes y servicios -de un 4,5%, unos 47 millones de euros- contrasta con el alza otra vez del desembolso en personal entre los pagos del ejercicio 2013 y los que tocaban de otras anualidades. El incremento es, exactamente, de 26 millones, un 3,3%. El otro gran damnificado del ajuste municipal son las inversiones reales. De 414,5 millones de euros en 2012 a 318 el pasado ejercicio. Un 23% menos. Su peso en el cuadro de gastos se queda en menos del 13%.