El Valedor do Pobo denunció ayer que la Consellería de Sanidade está aplicando el copago farmacéutico a algunos parados que no reciben ningún tipo de prestación económica. Según advierte en su informe correspondiente al año 2013, que ayer entregó al Parlamento gallego, en algunos casos a estos desempleados no se les aplica la exención y se les obliga a pagar el 40% de sus fármacos. El alto comisionado de Galicia en funciones, José Julio Fernández, cree que puede tratarse de "un error" pero, en todo caso, ha reclamado al departamento de Rocío Mosquera que lo solucione porque estas personas quedan "desamparadas".

La Xunta había explicado que quedarían fuera del copago colectivos como los parados sin prestaciones, las personas que cobren el Risga o una pensión no contributiva, así como las personas con cierto grado de discapacidad. Sanidade aclara que se limitan a aplicar el Real Decreto del Ministerio de Sanidad.

Según recoge el informe del Valedor, existen, sin embargo, "ciertas lagunas" en esta normativa sobre el copago farmacéutico. Cuando una persona se queda sin trabajo cobra una prestación por desempleo de carácter contributivo. Al agotarse el paro, tiene la opción de solicitar un subsidio -no contributivo- de 426 euros, pero solo tiene derecho a esta ayuda si tiene cargas familiares, más de 45 años o pertenece a un colectivo vulnerable como emigrantes retornados o liberados de prisión. El problema que plantea el Valedor es que la exención en el copago farmacéutico solo se aplica a aquellos gallegos que hayan dejado de cobrar el subsidio de 426 euros. Sin embargo, quedan fuera los desempledos a los que se les haya agotado la prestación del paro y no tengan derecho a la ayuda por cargas familiares o por ser mayor de 45 años. Los afectados por esta situación pueden ser miles, puesto que de los 150.000 parados que ahora mismo están cobrando una prestación, solo 64.060 se benefician del subsidio de 426 euros.

"Los derechos sociales tienen que avanzar, no retroceder", explicó Fernández. Con este mismo argumento el valedor do Pobo mostró su rechazo a la aplicación del copago hospitalario que en Galicia aún está pendiente de implantarse.

La sanidad acaparó más de la mitad de las quejas ante el alto comisionado el pasado año: más de 10.000 del total de 18.887 demandas.

El volumen de quejas se disparó un 156 por ciento en el último año, si bien el valedor justificó que se debe a la presentación conjunta de varias demandas. Así, por ejemplo, trabajadores y usuarios de Povisa entregaron 6.665 escritos pidiendo al Valedor que supervise la calidad de la atención sanitaria que presta este centro. La desaparición del servicio de cirugía pediátrica del Hospital de Ourense motivó otras 4.094 quejas. Aunque fueron muchos los reclamantes, el número de asuntos fue menor: 2.747, un 37% más que en 2012.

Fernández, que ocupa el puesto de Valedor en funciones desde mayo de 2012 tras la dimisión de Benigno López, defendió además la continuidad de esta institución en las autonomías. "Su supresión no tendría sentido jurídico", alegó.