El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha abierto diligencias previas por el pago de dietas del Puerto de Ferrol a consejeros que no acudieron a reuniones. Esta investigación parte de la denuncia presentada el 21 de febrero por Miguel Ángel Delgado, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga).
El auto del juzgado, fechado el 10 de marzo, da curso a la denuncia e inicia la investigación por entender que los hechos referidos por Miguel Ángel Delgado "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito sin especificar". No obstante, precisa que "no está determinado la naturaleza ni las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", por lo que procede abrir diligencias previas y "practicar las esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".
Según denuncia de Pladesemapesga, entre enero de 2012 y julio de 2013 el Puerto de Ferrol se gastó 22.166 euros en pagar dietas de asistencia al menos a diez miembros del consejos de administración que sin embargo no aparecieron por las reuniones. Entre ellos figura el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, quien reconoció que percibió 4.500 euros en dietas por su calidad de consejero de la Autoridad Portuaria de Ferrol a pesar de que en 2012 no asistió a ninguna reunión.
En todo caso, Calvo aseguró que devolvió el dinero "cuando tuvo conocimiento de la regularización de las cantidades correspondientes a ese año".
También estaba implicado el sindicato Comisiones Obreras, a través de un vocal. La propia central anunció, cuando se destapó la polémica, que reintegraría las retribuciones que cobró por cada vez que su representante se ausentó o delegó el voto.
Las cuentas de 2012, publicadas el pasado año por primera vez en la web del puerto, especifican que la partida destinada a retribuir al consejo fue de 75.934,46 euros en total. La auditoría de Hacienda subraya que 22.166,52 del presupuesto se fueron en pagar "dietas por asistencia sin concurrencia efectiva". Es decir, que casi una tercera parte del montante fue a parar a los bolsillos de consejeros que no asistían.
La denuncia realizada por el presidente de Pladesemapesga se se centra en el secretario xeral técnico de Medio Rural e do Mar, Alfonso García Magariños, ya que entiende que, aunque el puerto depende del Ministerio de Fomento, es este departamento de la Xunta el que "cesa y nombra a su presidente y algunos de sus miembros en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria".
El denunciante pone el foco en Magariños porque entiende, como representante de la Xunta, que no obró con responsabilidad al desentenderse de su obligación legal de controlar y garantizar la adecuada gestión económica del Puerto de Ferrol y que además no solo permitió, sino que "autorizó la presunta comisión del delito de malversación o uso irregular de fondos públicos recogido en el artículo 433 del Código Penal".
