La Diputación de Lugo incluirá en sus contratos "cláusulas sociales" para "blindar" a los empleados de las empresas que optan a concursos públicos de la institución. Estas firmas deberán garantizar el mantenimiento de sus plantillas durante la duración del contrato, así como las condiciones laborales, tipo de contrato y salario.
El presidente de la institución provincial, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, anunció ayer la medida, "pionera en Galicia y España", para frenar la destrucción de empleo. "Impedimos que alguna empresa aproveche o se excuse en leyes tan mefastas como la reforma laboral del Gobierno central para vulnerar los derechos de los trabajadores, en favor de despidos en precario", alegó, informa Efe.
Las cláusulas que incorporará a partir de ahora la diputación también primarán a las empresas que tengan mayor número de empleados con contrato indefinido en lso concursos, además de puntuar la mejora en las condiciones laborales respecto al estatuto de los trabajadores o al convenio estatal vigente, así como la inclusión de personal discapacitado.
Besteiro, además, aseguró que no aceptarán "bajadas desproporcionadas o anormales" en el precio del servicio "a costa de reducir gasto laborales", aplicando así la última directiva de la Unión Europea en materia de contratación pública, aprobada en enero pero aún sin aplicar en España. Aun así, la diputación ya aplicaba estos condicionantes a los contratos del servicio de vigilancia, limpieza, centro de atención al usuario, el aula itinerante de formación y el proyecto europeo de Gobierno Inteligente.
Las firmas que incumplan estas condiciones se enfrentarán a sanciones que oscilarán entre la resolución del contrato, multas de entre el 3% y el 10% del presupuesto del contrato e incluso el veto para optar a algún contrato de la institución provincial.
Besteiro defendió su iniciativa porque la diputación, bajo su presidencia, es "una institución progresista que prioriza los problemas de las personas y la lucha por un sistema económmico justo e igualitario".
Más crítico se mostró el PP. El grupo provincial negó que este tipo de cláusulas constituya una "actuación innovadora" porque están incluidas ya en el derecho comunitario desde el año 2004. "Desde entonces cantidad de administraciones se acogieron a e ese regulado y solicitaron informes al respecto", añadieron.
