Aunque Galicia no ha hecho público su informe de evaluación del actual sistema de financiación autonómica -como base para la negociación del nuevo modelo-, otras comunidades sí lo han hecho. Entre ellas está la Junta de Castilla y León, autonomía que comparte con la gallega similares condiciones demográficas y territoriales, con una población envejecida y asentamientos muy dispersos, lo que lleva a las dos comunidades, junto con Aragón, Asturias o Extremadura, a demandar que la futura financiación autonómica dé más peso al envejecimiento y a la dispersión poblacional a la hora de repartir los recursos. En ese informe, se asegura que el envejecimiento en Galicia genera un gasto sanitario adicional de 425 millones de euros.

La Xunta no dio ningún dato concreto más allá de denunciar que el actual modelo no cubre el gasto de los servicios públicos, pero la Junta castellano-leonesa se atreve con ellos. Así, por ejemplo, asegura que Galicia ha perdido peso relativo en el sistema vigente en relación al anterior. De recibir el 7,95% de los recursos disponibles entre los años 2202 y 2008, ha pasado ahora al 7,22%, lo que supone una merma del 9,26% y sitúa a la gallega como la quinta comunidad con más pérdida de peso relativo. La primera sería Extremadura, con un recorte del 15,08%.

Las grandes beneficiarias, según este informe, serían Baleares (ganaron un 27,05% más de recursos), Madrid (18,18%) y Cataluña (15,30%).

Ya más en detalle, la Junta de Castilla y León ha elaborado sus propias estimaciones sobre la cobertura del gasto sanitario por comunidades para el año 2010 y las consecuencias del envejecimiento poblacional. En este estudio se revela que el gasto anual de Galicia, si tuviera una estructura de población similar a la dominante en el conjunto del Estado, sería de 3.739 millones de euros, pero como está muy envejecida, el coste "real" ascendería a 4.165, por lo que hay un coste adicional de 425 millones de euros anuales, siempre según los cálculos de Castilla y León.

Con estos números, la Junta intenta convencer al Ministerio de Hacienda de que el nuevo modelo de financiación debe tener en cuenta estos aspectos y conceder más recursos a estas comunidades por su singularidad territorial.

El Gobierno de Juan Vicente Herrera pone más ejemplos del esfuerzo que tienen que hacer las regiones con una fuerte dispersión poblacional, como es el caso del número de médicos por cada millón de habitantes. La media nacional es de 607 facultativos, pero en Galicia hay 674 (932 en Castilla y León), con el consiguiente aumento del gasto. La ventaja, al menos en Galicia y según este informe, es que los gallegos tienen que desplazarse una media de 3,92 kilómetros para acudir al centro de salud más próximo.

En el caso de la Educación, Castilla y León cuestiona que el modelo vigente no tenga en cuenta el número real de alumnos de cada comunidad, sino la población de 0 a 16 años, lo que implica que dejan de computarse usuarios de la educación autonómica. Así, en Galicia habría 367.185 menores de 17 años, pero la población escolar asciende a 481.268, lo que significa que 110.000 alumnos no cuentan en el reparto de fondos que el Estado.

El Gobierno de Herrera incluye otros muchos parámetros, como la longitud de las rutas escolares, el gasto en medio ambiente, el volumen del patrimonio artístico o la extensión de la red de carreteras autonómicas para justificar un mejor trato para su comunidad en el nuevo modelo de financiación. Pero el Ministerio de Hacienda ya dejó claro que cada territorio puede hacer los informes que quiera, porque todos son "de parte", y que el Gobierno es el que decide.