Miembros del movimiento okupa han mantenido en A Coruña una concentración para impedir su desalojo de un edificio en el barrio de Palavea --un antiguo internado de las Oblatas abandonado-- que destinan desde hace tres años a "centro social".

Desde las 10,00 horas y hasta entorno a las 14,00 horas, han permanecido concentrados ante las puertas del inmueble, vendido por NCG Banco a un nuevo propietario que pretende destinarlo a residencia para ancianos, según los convocantes de la protesta.

Hasta en dos ocasiones, a partir de las 12.00 horas, cuando comenzaba el plazo dado por el Juzgado de Instrucción número 7 para abandonar el inmueble, han cortado el tráfico en la N-550 provocando pequeñas retenciones de tráfico.

Al lugar, se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico y también de la Policía Nacional, que, a media mañana, trasladó al lugar dos furgones policiales y una decena de agentes.

Sobre las 14.00 horas, los convocantes de la protesta comunicaron que, inicialmente, no se llevaría a cabo el desalojo por lo que accedieron al interior de las instalaciones tanto miembros del colectivo okupa, como de STOP Desahucios, --que se ha sumado a la protesta-- como otros ciudadanos que trasladaron su apoyo.

Lemas contra la "especulación"

En la concentración, han participado una treintena de personas, que han coreado lemas como "Ni casas sin gente, ni gente sin casas"; "Violencia es no llegar a fin de mes" y "Ocupación, frente a especulación".

En declaraciones a los periodistas, Héctor Tejón, miembro del colectivo STOP Desahucios ha argumentado que es el "único centro social que le queda a la ciudad", ha señalado en relación a las distintas actividades que promueven los propios ciudadanos y los integrantes del movimiento okupa en el recinto. Estos, por su parte, no han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), consultadas por Europa Press, han explicado que, a las 12,00 horas, finalizaba el plazo voluntario dado por el juzgado, después de que los propietarios presentasen, por la vía penal, una denuncia por usurpación de bien inmueble. Como medida cautelar, y a la espera de juicio, reclamaron el desalojo del antiguo internado.