La Abogacía del Estado ha presentado un recurso cargado de reproches contra el auto de 5 de marzo del juez que instruye el accidente del Alvia en el que reclamaba más informes y documentos a Adif y Renfe sobre la seguridad del tramo y citaba a declarar como testigos a cinco cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. En este recurso, la Abogacía del Estado acusa al juez instructor de convertir ese auto en concreto "en una suerte de inquisición general sobre la actividad del Adif" que solo, dice, conviene a los intereses de la defensa del maquinista -el único imputado- "pero que es incompatible con los principios básicos del Derecho Penal y que no debería inspirar las resoluciones del juez instructor".

Ante esta actitud, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia Santiago (Apafas), personada como acusación popular en el proceso judicial originado a causa del siniestro que acabó con la vida de 79 personas el pasado 24 de julio, ha acusado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de carecer de interés por esclarecer las causas del descarrilamiento. "A través del recurso interpuesto vuelve a demostrarse el poco o nulo interés de la Abogacía del Estado, interviniendo en nombre de Adif, para llegar al mayor esclarecimiento posible de los hechos", se recoge en su impugnación entregada ayer al juzgado.

En el auto del 5 de marzo, el instructor reclama más documentos e informes relativos a la seguridad del tramo para reconstruir cómo se tomó la decisión de prescindir del ERTMS, el sistema de control de velocidad y frenado más avanzado, y qué estudios técnicos se realizaron para garantizar que su desconexión no comportase riesgos para el tráfico ferroviario. El juez dio un plazo de diez días para contar con toda la documentación.

En su recurso, la Abogacía del Estado reprocha al juez que demande "exigencias arbitrarias y carentes de básica técnica o normativa" amparándose solamente en "conjeturas, elucubraciones y juicios de personales" de la defensa del maquinista. Buena parte de las diligencias ordenadas, según la Abogacía del Estado, "parecen encaminadas a hacer una indagación en busca de posibles hechos delictivos o de posibles responsables de los que ningún indicio mínimamente sólido existe en este momento".

Y también añade que las peticiones del auto carecen de la necesaria motivación y que además, una gran parte de ellas, "son innecesarias y reiterativas".

En el recurso se asegura que Adif ha cumplido "escrupulosamente y diligentemente" con los numerosos requerimientos recibidos, pero que llegados a este punto, se solicita dejar sin efecto una gran parte de las diligencias o, en su defecto, que se conceda un plazo mayor de tiempo para poder atender la peticiones.