El despacho del técnico en cuestión está precintado desde el sábado por obra, no de la Policía Nacional, sino de la Policía Local, que acudió a la Casa de los Peces después de que los responsables municipales se enterasen por un imputado de la orden de la magistrada instructora. La "Pokemon" mantiene bajo sospecha contratos en la Casa de los Peces relacionados con el grupo Vendex y ha imputado a tres responsables de este museo: el director del centro, el jefe de mantenimiento y su directora.
La providencia de la juez abre diligencias previas para investigar un presunto delito de robo con fuerza. La decisión parte de un aviso del jefe de Biología del Acuario en el que señala que, estando de baja, "personas no identificadas, entraron en su despacho forzando armarios donde guardaba documentación", según señala la providencia, en la que De Lara añade que esta medida se toma "sin perjuicio" de que se continúen diligencias "por un presunto delito de obstrucción a la justicia al tratar de amedrentar a un testigo primordial de la causa".
Pesquisas
El despacho investigado pertenece a este técnico especializado, que fue requerido como testigo en las pesquisas para desgranar las supuestas ilegalidades ocurridas en el Aquarium, en el marco de la operación Pokemon, como las relacionadas con el contrato de mantenimiento biológico del acuario. Dicho técnico está de baja desde hace un mes, después de que en enero se hiciese pública su testificación en los juzgados de Lugo y finalmente, la primera semana de febrero, denunciase una situación de acoso laboral "deliberado y continuado".
Preguntado por este periódico al hacerse pública la providencia de la magistrada, el funcionario señala que, transcurrido este mes de baja, acudió el pasado 1 de marzo a su despacho a fin de recoger cosas personales, como la certificación de de cinco cursos para incorporar a su curriculum vitae y poder optar a una de las plazas vacantes en la Concejalía de Medio Ambiente que podría convocar próximamente el Ayuntamiento para poder salir de la Casa de los Peces, por la situación que allí estuvo viviendo. Una vez en su cuarto, encontró forzados dos armarios que contenían documentos de tipo personal que había dejado allí. Decidió dar parte de la situación, describe, por miedo a que le acusaran de que faltaban cosas.
El Cuerpo Nacional de Policía tiene todavía que acudir a las instalaciones del paseo marítimo para una inspección ocular. La Policía Nacional es el cuerpo al que ha ordenado Pilar de Lara iniciar estas pesquisas. Pero quienes han estado allí ya son agentes de la Policía Local, concretamente el pasado sábado, 8 de marzo. Según una diligencia firmada por el jefe accidental del 092, a la que ha tenido acceso este periódico, se decidió enviar a dos policías para proceder al precinto de dicho despacho. Esta decisión municipal se toma como "medida cautelar", sin ninguna disposición judicial directa de los juzgados de Lugo que la dictamine.
La diligencia del 092 señala que los responsables municipales se enteraron de que la juez había firmado la providencia para investigar un "posible robo" a través de uno de los responsables del acuario imputado, cuyo abogado recibió el escrito de la juez, como reciben todos y cada uno de los letrados de las partes del proceso.
El jefe accidental de la Policía Local, José Antonio Brandariz, conoció la situación el mismo sábado, a las 13.15 de la tarde, informado por la concejal delegada de Personal e Interior, Rosa Gallego, y por el director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento coruñés, según consta en la diligencia, que efectivamente constata que De Lara había "dictado oficio al Cuerpo Nacional de Policía de A Coruña para la investigación de los hechos".
Brandariz describe que se puso en contacto con la Policía "por si tenían constancia de los hechos" y, tras diversas gestiones, le dicen que "no tienen conocimiento". "Por lo que teniendo constancia de que tal despacho no afecta ni perturba al funcionamiento ordinario del servicio público (...) porque el que lo utiliza habitualmente se encuentra en situación de baja laboral (...) por razones cautelares de seguridad, he ordenado al equipo que habitualmente se encarga de estos cometidos que procediesen al precinto del precinto, adoptasen las medidas de seguridad necesarias y requiriesen al responsable de tal establecimiento respetar tal precinto". Les ordena acudir de paisano para "no perturbar la actividad del centro".
