En una nota oficial fechada el 28 de febrero, el Consello Galego da Competencia anunciaba ayer la incoación de un expediente sancionador contra los Colegios Profesionales de Abogados de Ourense y de Pontevedra "por posibles prácticas restrictivas" en el mercado. Sin detallar las razones, salvo la "presunta realización" de actuaciones prohibidas, el organismo explicaba que el caso procedía de "una actuación de oficio" de su Subdirección General de Investigación, "que recibió noticia de los hechos del Instituto Galego de Consumo". El expediente reprocha a las organizaciones la publicación de un anuncio en vísperas del polémico canje de preferentes de NCG donde advertían de que la aceptación "podía llevar consigo" que el cliente no pudiera luego recurrir en los tribunales -como se temía en aquel momento- y aconsejaban asesorarse. Desde la Consellería de Facenda, a la que está vinculado el Consello, aseguraban horas después a FARO que el expediente "se archivará".
Los dos colegios se enfrentaban a multas de hasta 300.000 euros, sin que ellos supieran tampoco qué se les imputa. Los decanos recuerdan el contexto de aquel momento, "la enorme alarma social originada", con llamadas constantes de afectados, que "incluso acudían a nosotros enviados por el propio Instituto Galego de Consumo".
Dudas y función social
"Una de las funciones de los colegios por estatuto es la labor social. Eso fue lo que hicimos. Hasta nuestro anuncio, NCG no aclaró si efectivamente se perdía ese derecho que, con la normativa en la mano, podía ocurrir", afirma Ramón Jáudenes, decano del Colegio de Pontevedra. "Estamos -apunta- orgullosos de lo que hicimos". "Esta situación era absolutamente paradójica -apunta Arturo González-. ¿Dónde estaba Competencia y Consumo cuando se vendieron?". El decano de Ourense insiste que lo suyo fue "intentar dar una respuesta a las muchas dudas" que ahora los tribunales "han puesto negro sobre blanco" con la anulación en masa de las ventas.
