El alcalde de Nigrán, el popular Alberto Valverde, y su exconcejal de Vías y Obras, José Álvarez -forzado a dimitir el lunes por el PPdeG ante sus imputaciones por supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- estaban advertidos de supuestas irregularidades en uno de los contratos investigados en la operación Patos. Dos meses antes de estallar la presunta trama de corrupción, habían recibido una carta remitida por siete empresarios de Nigrán que los avisaba de que el proceso de adjudicación del proyecto de remodelación de la Praza da Carrasca, ubicada en la parroquia nigranense de Parada, debía repetirse para cumplir con la ley de contratos del sector público. Los firmantes integran la sociedad cooperativa Obra Civil Val Miñor, que había participado en el procedimiento negociado para la contratación, invitada junto a otras tres empresas.

La documentación de este expediente está en manos de la titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo, que dirige la investigación en seis ayuntamientos -Nigrán, Ponteareas, Vigo, Pontevedra, Santiago y Ourense- y otros cuatro organismos públicos con sede en Vigo -Delegación de la Xunta, Consorcio del Casco Vello, Autoridad Portuaria y Zona Franca-. Agentes de la Policía Nacional se lo llevaron, entre otros, tras el registro efectuado en las dependencias municipales el pasado día 18.

Un exedil del PP

El proyecto había salido a concurso por 86.000 euros y el Concello se lo adjudicó a la constructora Ainxuela por 72.000. Esta compañía se lo subcontrató a la firma Coysagran S.L., propiedad de Vicente Costas Pumar, un exconcejal del PP de la localidad, según confirman tanto la cooperativa como el portavoz socialista en el Concello, Juan González. La subcontratación estaba expresamente prohibida en las bases del procedimiento, indican, y así lo hizo constar el interventor municipal en sus informes.

Pero la presunta irregularidad que destaca Obra Civil Val Miñor es otra. El proyecto fue modificado y su presupuesto, ampliado después de la adjudicación. Una maniobra que impide la ley de contratos del sector público y que obligaría a repetir el concurso, según explica el presidente de la sociedad cooperativa, Miguel Alejos. Los empresarios habían detectado que el proyecto "estaba incompleto", según reza el texto remitido al regidor y al exconcejal. "En su redacción faltaban detalles y partidas que iban a aparecer a la hora de ejecutarlo y que aumentarían considerablemente el precio final de la obra", explicaban. Y así fue. El modificado incluyó trabajos que incrementaron los costes en 14.000 euros. Pero el concurso nunca se repitió y la plaza ya está prácticamente terminada.

La misiva hace referencia a otro de los contratos requisados por la Policía, el de la pasarela peatonal del río Muíños, adjudicado también a través de procedimiento negociado por 230.000 euros a la empresa del exedil popular Vicente Costas Pumar. "Que sea legal no quiere decir que sea moral", afirma Alejos respecto a la vinculación política del contratista con el gobierno local. Pero Obra Civil Val Miñor centra sus advertencias en las irregularidades y en este caso no las apreciaba. Solo llamaba la atención sobre los criterios a la hora de contratar la obra. El Concello solo tuvo en cuenta la oferta más económica. "Valorar solo el precio más bajo no es justo ni correcto, porque después queda todo de cualquier manera", argumentaban. Finalmente, los empresarios advertían de que impugnarían los contratos si el Concello no vigilaba su estricto cumplimiento, aunque por el momento no lo han hecho.