El bono social de la luz existe a nivel estatal desde 2009, por lo que la Xunta complementaría con su subsidio esta ayuda que permite descuentos de hasta el 25% en el precio que se paga por la luz. Sin embargo, los criterios para acceder a él se han visto un poco más restringidos tras la reciente reforma eléctrica del Ministerio de Industria.
El Gobierno ha añadido un requisito de renta entre las condiciones para beneficiarse de este bono. La primera persona del hogar no podrá superar los 10.841 euros anuales; la segunda, los 7.588; y la tercera, los 5.420. Esta decisión podría reducir a la mitad los más de 2,5 millones de beneficiarios actuales, según el sector.
Para obtener este bono es necesario haber contratado una potencia inferior a los 3 kilovatios, y tener más de 60 años y cobrar una pensión mínima, o ser una familia númerosa o contar con todos los miembros del hogar en situación de desempleo.
El bono, sin embargo, se encuentra envuelto en la polémica porque el Gobierno rectificó su decisión inicial de que fuesen las grandes compañías eléctricas quienes se hiciesen cargo, a partir de julio, de una factura de unos 180 millones de euros, pero tras una sentencia judicial favorable a una compañía decidió que este dinero sea cargado al resto de usuarios.
