La magistrada de Instrucción 7 de Vigo, Carmen García Campos, que dirige la operación Patos en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en Galicia con epicentro en las empresas Cespa -filial de Ferrovial- y Eiriña, dejó ayer en libertad con cargos a los cinco detenidos la víspera tras imputarles presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y, en el caso del edil de Vías y Obras de Nigrán, también supuesta prevaricación.
La juez no impone fianza ni medida cautelar alguna a José Álvarez Valverde (concejal de Nigrán), Enrique Alonso Pais (responsable de la constructora Eiriña), Jaime Alvariñas (director general de la firma), Alfonso Clemente (responsable de Cespa en Galicia) y Juan Ramón Alonso García (técnico de esta firma), que sólo tendrán que estar a disposición del juzgado cuando sean requeridos.
Paseíllo visto y no visto
El paseíllo de los arrestados en los juzgados vigueses fue algo visto y no visto. Tras pasar la noche en los calabozos pasado el mediodía entraban en el despacho de la magistrada de uno en uno, esposados y custodiados por la Policía Nacional y salían en pocos minutos ya sin los grilletes y en libertad. Esta breve comparecencia acompañados por sus abogados obedeció a que se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez y el fiscal de Delitos Económicos, Juan Carlos Horro, al estar secreta la causa y desconocer lo que hay contra cada uno.
El primero en pasar a disposición judicial fue Enrique Alonso Pais, responsable de cuatro de las seis empresas investigadas -Eiriña S.L., Enalvi Intermediación y Desarrollo S.L., Reciclaje y Gestión Medioambiental S.L. e Inversiones Patos S.L., que dio nombre a la operación de la Policía Nacional- que además es padre de Alexia Alonso, edil del PP en el concello de Vigo. Tras recoger en el calabozo de los juzgados sus pertenencias, regresó a Instrucción 7 a esperar que concluyera la declaración del director de su empresa. El siguiente en comparecer fue el técnico de Cepsa Juan Ramón Alonso García, que abandonó la sede judicial cubriéndose la cara a la carrera para evitar a los fotógrafos.
José Álvarez Valverde, el único político imputado por el momento, fue el tercero en comparecer ante la juez. Abandonó la sede judicial con gran tranquilidad por la puerta de atrás de los juzgados donde le esperaba un coche ya en marcha. Después le tocó el turno a Jaime Alvariñas Villanueva, director general de Eiriñas y por último al responsable de Cespa en Galicia, Alfonso Clemente González.
El gerente de Cespa, el único que al ser detenido vestía traje y corbata, permaneció escasos minutos ante la magistrada y al bajar a los calabozos para recoger sus pertenencias se cambió de ropa y se puso un pantalón vaquero y un jersey. Fue el único que cambió de atuendo antes de abandonar el edificio judicial.
La investigación sobre la presunta trama de corrupción continúa ahora con el análisis de los numerosos documentos y contratos intervenidos en seis ayuntamientos gallegos (Nigrán, Vigo, Ponteareas, Pontevedra, Ourense y Santiago) y en la delegación de la Xunta en Vigo, en el Consorcio del Casco Vello, en la Autoridad Portuaria, en la Diputación de Pontevedra, en las sedes de las empresas investigadas y en los registros domiciliarios.
La Policía Nacional no descarta la ampliación del círculo de detenidos o imputados en el marco de esta operación, si bien antes se analizará el material intervenido en los 17 registros practicados en distintos organismos públicos. Además de numerosas cajas con documentación, se requisaron discos duros de ordenadores y teléfonos móviles, tanto personales como corporativos, de algunos funcionarios. Del estudio de este material podrían derivarse nuevas imputaciones de empresas o políticos.
Un año de investigación
El Juzgado de Instrucción 7, en colaboración con la Fiscalía de Delitos Económicos de Vigo, abrió hace más de un año la investigación sobre esta presunta trama de corrupción, que no comenzó de oficio. Grabaciones, escuchas telefónicas y hasta seguimientos formaron parte de la instrucción. De momento el secreto sobre la causa aconseja no revelar cómo se inició la operación Pato pues su origen es "determinante" para el caso.
