Dos adjudicaciones de Eiriña en los parques empresariales de Porto do Molle (Nigrán) y Valladares (Vigo) se unieron ayer a la voluminosa documentación que ya está en poder del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo. La Operación Patos continúa adelante en busca de contratos públicos logrados recientemente por la constructora Eiriña, así como su grupo de empresas (Enalvi e Intermediación Medioambiental, Inversións Patos y Reciclaje y Gestión Medioambiental) y la concesionaria Cespa. En la jornada del pasado martes, el despliegue policial se centró en seis concellos (Nigrán, Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Ponteareas), así como la Diputación de Pontevedra, la delegación de la Xunta, el Consorcio Casco Vello y la Autoridad Portuaria de Vigo, pero a medida que pasan las horas el abanico se ha ido ampliando.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Galicia rastrean todos los expedientes que puedan estar relacionados con la investigación al estar adjudicados a Eiriña. Ayer por la mañana se presentaban con un mandamiento judicial en la sede del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, ubicada en Bouzas, para solicitar la documentación relativa a dos obras en concreto.

En primer lugar se trataría, según confirmaron fuentes cercanas al caso, de los trabajos de urbanización y acondicionamiento de una de las parcelas del parque empresarial de Porto do Molle, en Nigrán. La adjudicación a Eiriña se aprobó en diciembre de 2012 por un valor de 539.000 euros y la obra tiene como objetivo crear un paso entre la zona natural situada al borde del río que cruza el parque y la edificación de dicha parcela. Los trabajos incluían también una zona de recreo para posibles actos al aire libre, así como un aparcamiento en superficie para 85 plazas.

El segundo expediente requerido por los agentes es tan reciente que, pese a haberse adjudicado, todavía no está firmado. El contrato lleva fecha de la semana pasada y tiene como objeto el acondicionamiento de locales comerciales y oficinas del edificio Centro de Servicios situado en la parcela 15 del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Vigo, en la parroquia de Valladares. En este caso, el importe ofertado por la empresa Eiriña fue de 1 millón de euros y estaba pendiente de firma. Habían presentado ofertas un total de 22 empresas.

Los trabajadores de la Zona Franca apenas se percataron de la presencia policial y la entrada de los agentes en las oficinas fue calificada como "discreta" y "muy tranquila".

Con los mismos parámetros se llevó a cabo la actuación de la Policía en la Autoridad Portuaria de Vigo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había comunicado a primera hora del martes que se estaba llevando a cabo un registro en la sede del Puerto, pero en realidad no se realizó hasta última hora del día. "Llegaron a las ocho y media y apenas estuvieron diez minutos para solicitar el expediente de una única obra", señalaron ayer fuentes portuarias.

No había sido así en el Concello, la Diputación y la Xunta, donde los registros se prolongaron durante horas. En las dependencias municipales de Obras y Parques y Jardines del consistorio olivíco los agentes recopilaron información sobre las concesiones de Cespa (Parques y jardines, parques infantiles y forestales renovados en abril de 2013) y pusieron especial atención en el del Centro de Interpretación de la Ría de Vigo. Esta obra, inaugurada el pasado verano, fue adjudicada a Eiriña por 253.000 euros y sufragada por Concello y Xunta a través del Plan de Competencia Turística en el que también participa Turespaña. Otro de los contratos intervenidos por los agentes de la UDEF es el de la humanización de Zamáns, donde la adjudicación a Eiriña fue realizada por el Concello pero la financiación la asumió la Xunta. El contrato alcanzó los 212.000 euros.

Entre la documentación requerida por la Policía estaba también la humanización de la rúa Ferreiros, en Bouzas, contratada con la misma constructora. En este caso, la partida de 161.000 euros fue aprobada el pasado mes de diciembre y las obras estaba previsto que arrancasen esta misma semana.

Respecto a la delegación de la Xunta el trabajo policial se centró en la sección de gestión económica de la Consellería de Traballo. Los agentes requisaron varios expedientes, así como discos duros, telefónos particulares de dos funcionarios e incluso lápices de memoria.