19 de febrero de 2014
19.02.2014
OPERACIÓN PATOS EN SANTIAGO

Operación Patos: Santiago experimenta otra sacudida política tras la Pokemon

Adjudicaciones a dos empresas por dos millones, en el punto de mira en el marco de la operación Patos

19.02.2014 | 09:40
Cecilia Sierra y el edil Juan de la Fuente, ayer en Santiago. // X. Álvarez

Una nueva investigación judicial por supuesta corrupción sacudió ayer otra vez Santiago de Compostela. La operación Patos provocó que agentes de la Policía Nacional se presentasen en el concello para requisar documentación sobre tres contratos por casi dos millones de euros suscritos con las empresas Cespa -cuyas oficinas en la ciudad también fueron registradas dos horas y donde incautaron información- y Eiriña S. L.. La investigación indaga posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y prevaricación en varios concellos e instalaciones de la Xunta.

La capital de Galicia experimentó un nuevo terremoto cuando ayer por la mañana un grupo de agentes se personó en el consistorio para reclamar información sobre los expedientes de la urbanización de la Finca do Espiño y las mejoras del ajardinamiento de la céntrica Alameda, ambos contratos de la empresa Cespa, y sobre la excavación del Castillo de A Rocha, de la firma Eiriña S. L. La concejalía de Urbanismo hizo públicos ayer los datos sobre los contratos para tratar de demostrar que no se produjo ninguna irregularidad. "Se adjudicaron con total normalidad", alegan fuentes del equipo de gobierno del popular Ángel Currás.

Esta investigación, que provocó 17 registros en toda Galicia, se suma al caso Pokemon, que ha provocado la imputación del alcalde y varios ediles tanto de PP como del PSOE, la investigación sobre las presuntas facturas falsas avaladas por otro concejal y la dimisión en 2012 del entonces regidor, Gerardo Conde Roa por defraudar 291.000. De los 13 ediles en activo del PP, 10 están imputados por alguna causa, al igual que el socialista Bernardino Rama.

La policía, por orden del juzgado de instrucción número 7 de Vigo, requirió en las oficinas municipales el contrato, adjudicado a Cespa por 661.157 euros más IVA, para urbanizar la polémica Finca do Espiño, un parque de 18.000 metros cuadrados de uso público integrado en un terreno privado objeto de controversia desde 2000.

Al poco de llegar al cargo, Conde Roa acordó con la inmobiliaria dueña de la parcela cambiar el geriátrico previsto allí por pisos en una maniobra que, según apuntan los pinchazos telefónicos del caso Pokemon, podría haber registrado irregularidades. El acuerdo con esa firma, sin embargo, se rompió y el concello zanjó la cuestión ejecutando los avales que esta había depositado al entender que incumplía lo pactado y no iniciaba el arreglo del jardín. Fue entonces cuando decidió sacar a concurso la humanización del parque, contrato que logró Cespa en julio pasado y cuyos trabajos ya comenzó. "Fue la mejor oferta económica y la segunda mejor técnica", según apuntan fuentes de la Concejalía de Urbanismo. Al proceso concurrieron varias firmas.

Menos cuantioso resultó el contrato para mejorar la famosa Alameda del centro de Santiago, que se adjudicó por un procedimiento negociado y 98.600 euros más IVA. La policía también reclamó datos sobre otro contrato por alrededor de 55.626 euros con Cespa para instalar unos "céspedes transitables" en el barrio de Vite, cerca de las instalaciones de la Xunta.

La edil de Hacienda, Cecilia Sierra, también indicó que los agentes se interesaron por el ajardinamiento de la rotonda cercana al aeropuerto de Lavacolla, algo ajeno a las competencias locales, aseguró, informa Europa Press.

El contrato con Eiriña afecta también a la concejalía de Urbanismo y asciende a un millón de euros, aunque son 600.000 los relativos a las excavaciones en el entorno arqueológico del castillo de A Rocha. La policía ha solicitado las certificaciones de los metros cúbicos extraídos de ella.

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