La Policía Nacional se hizo en el Concello de Ponteareas con los expedientes de las licencias de obras de la casa del alcalde, Salvador González Solla, y de la teniente de alcalde, Belén Villar, dentro del registro que se efectuó ayer en el Ayuntamiento en el marco de la operación Patos que investiga delitos de tráfico de influencias, cohecho o prevaricación, relacionada con empresas e instituciones gallegas. Los agentes policiales se llevaron también el registro de bienes de los dos máximos mandatarios del gobierno local, el disco duro del ordenador de la Concejalía de Hacienda, que usa la edil, y expedientes de obras o de contratación de personas.
El alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, en declaraciones a FARO DE VIGO explicó que se había reunido con los portavoces de los distintos partidos para explicarles lo que ocurría. "No sabemos porque han venido porque las actuaciones son secretas y hemos dado todas las facilidades porque no tenemos nada que ocultar y estamos tranquilos", destacó el alcalde.
Según los datos que han podido trascender, los agentes poseían una lista y buscaron expedientes concretos. Así exigieron los expedientes relacionados con los contratos de Aquagest -a quien recientemente se le adjudicó la planta potabilizadora de Agua ETAP- por 106.614 euros anuales hasta 2020 así como el contrato de ampliación del mantenimiento de la EDAR (Estación de Aguas Residuales) -también en manos de Aquagest-. Otros expedientes que reclamaron están relacionados con contratos menores, así reclamaron el expediente de la senda del Tea, realizada por el concello en colaboración con el GDR Condado-Paradanta con fondos de la Comunidad Europea, que supuso una inversión de 185.000 euros, el expediente del Centro de Día (que realizó y gestiona el Consorcio da Igualdade e do Benestar de la Xunta), así como distintos procedimientos de contratación posiblemente buscando supuestos "enchufes" laborales o tráfico de influencias.
Entre los expedientes concretos que se buscaban, mostraron interés y se lo llevaron el relacionado con el cobro de tasas de terrazas en las que el concello encausó a un empleado laboral que realizó cobros supuestamente de forma irregular y que motivó la apertura de un expediente disciplinario, al parecer tras ser detectado la irregularidad por una compañera de departamento.
Por otro lado, en Ponteareas no se preguntó por ningún expediente de la empresa Eiriña, una de las que supuestamente se encuentra en el eje de la trama por los datos que han trascendido, y en cuyo departamento financiero trabajó la teniente de alcalde ponteareana, Belen Villar, antes de dedicarse a la política.
Los agentes policiales también preguntaron en el Concello por la supuesta contratación de personas, en alusión a supuestos enchufes, y por presunta la retirada de multas de tráfico.
El registro de Ponteareas se inició a las 9,30 de la mañana y se realizó por espacio de tres horas. Cinco agentes policiales dependientes de la unidad judicial de la Policía Nacional se personaron en la alcaldía solicitando al regidor la colaboración para realizar el registro, indicando que de no existir esa colaboración acudirían con una Orden Judicial. A Continuación comenzaron a requerir expedientes acompañados por el secretaria del Concello, el asesor jurídico municipal y la concejala de Hacienda. Ante la pregunta del alcalde de las razones de ese requerimiento indicaron que no tenían autorización para informar sobre el mismo ya que existía secreto sobre las actuaciones.
Los agentes abandonaron el concello a las 13,30 horas con dos cajas conteniendo la documentación requisada, así como el disco duro.
La empresa Aquagest gestiona el agua de Ponteareas sin concurso público desde 1998, según denunció ayer el BNG.
Los nacionalistas recuerdan que en el mes de octubre pasado, el pleno -con el único voto en contra del Bloque- aprobó el contrato de la ETAP, hasta 2020, que supuso una ampliación del contrato existente con la empresa Aquagest, sin realizar una convocatoria pública del mismo y supone una entrega a la empresa de 639.684 euros en 6 años. El BNG advertió que "el contrato con esta empresa, aprobado ya por PP en julio de 1998, podía ser nulo porque se había pasado de un arrendamiento que finalizaba en 2002 a una concesión hasta 2020, una ampliación de 18 años sin sacar a concurso público el contrato". Los nacionalistas pidieron explicaciones al pleno y anunciaron la petición de una comisión de investigación. Por otra parte, el PSOE recordó ayer que en más de una ocasión denunciaron el descontrol que existe en el departamento económico del ayuntamiento, las arbitrariedades cometidas al "perdonar" pagos pendientes por valor de 7 millones de euros (en referencia a la prescripción de deudas).
