Mientras dos ediles del grupo municipal socialista de A Coruña exigen la dimisión de los concejales imputados, incluido el de su propio partido, por los "hechos irregulares graves" que revela el sumario de la operación Pokemon, en el PP a nadie le pasa por la cabeza presentar la renuncia al cargo, pese a reconocer que se ha producido "mala praxis". La responsable del área del ayuntamiento más salpicada en las grabaciones de la investigación por la presunta comisión de delitos, la de Cultura, admitió ayer que en algún momento se pudo haber actuado de forma incorrecta en su departamento, pero descartó que vaya a haber dimisiones. "De momento", añadió.
La edil de Cultura, Ana Fernández, considera que ni ella ni ninguna de las asesoras o trabajadoras imputadas por la juez de que instruye el caso en un juzgado de Lugo, Pilar de Lara, tienen "motivos para pedir la dimisión". La concejala confesó que había escuchado las conversaciones entre la instructora, que investiga una trama de presunta corrupción y pago de sobornos y enchufes a cambio de contratos, y su personal de confianza, y reconoce que en el caso concreto del interrogatorio a su asesora Dulce Rodríguez, en el que por sus respuestas se deduce que el grupo Vendex habría emitido facturas falsas, realizado pagos en dinero negro y amañado el pliego de concursos públicos para favorecer la concesión de servicios, se pudo haber cometido "mala praxis".
Fernández quita hierro al asunto y achaca la práctica de actos realizados con negligencia al exceso de trabajo. "Me parece que hubo una mala praxis en ese caso concreto. Son seres humanos que trabajan mucho en muchas cosas a la vez, que se dejan su salud y su vida privada. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón a los ciudadanos porque podemos cometer errores en un momento determinado", insistió.
"No tengo nada que ocultar, no he colocado a nadie ni cometido irregularidades. Tengo la conciencia absolutamente tranquila. Lo único que creo es que hay un acoso exagerado hacia determinadas personas y hay unos derechos fundamentales que no se están respetando hasta que el juez no determine la sentencia", explicó la edil de Cultura, quien no detalló esas irregularidades o en qué consistió la mala praxis que atribuye a sus trabajadoras ni se refirió a ninguno de los delitos por los que están imputadas. Se trata de tráfico de influencias, cohecho, falsedad, fraude en la contratación y revelación de información privilegiada.
Fernández se ajustó a una táctica pública para responder a las dudas que suscitan las actuaciones de los imputados similar a la que expuso el alcalde la semana pasada, defendiendo a su portavoz y mano derecha, Julio Flores, imputado en la causa.
La concejala respondió ayer en un acto en el ayuntamiento a ocho preguntas sobre la trama que indaga presuntos tratos de favor a Vendex y conversaciones por parte de concejales y empleados municipales para enchufar a personas en sus empresas y en ningún momento mencionó a los trabajadores investigados ni reclamó responsabilidades. Dulce Rodríguez siguió parte de la comparecencia de su jefa desde el fondo de la sala.
Declaración
Fernández también aseguró que declararía ante la juez del caso, pese a no estar imputada, "sin ningún tipo de problema" si esta se lo pide. Al mismo tiempo, descartó su adiós. "No hay motivo para pedir mi dimisión, en primer lugar porque no estoy imputada", recordó.
