El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, explicó ayer que dijo al exdirector territorial de Aquagest para el Norte de España, Henry Laíño, que haría lo posible por atender sus peticiones, "pero como se le puede responder a cualquier persona" que plantea "proyectos dentro de la legalidad".

Según el sumario de la operación Pokemon, Laíño y Rueda tuvieron dos reuniones y el empresario le pidió al conselleiro que, como secretario general del PP de Galicia, respaldase la firma de un convenio entre Aquagest y el Ayuntamiento de Santiago y le solicitó que le diera "un empujón" a un papel "estancado en una consellería" para poder inaugurar un centro tecnológico en la ciudad compostelana.

Preguntado al respecto, el vicepresidente de la Xunta indicó que sí respondió eso, pero precisó que procede así "con esta persona y con cualquiera" que acuda a pedirle "algo que se ajuste a la legalidad", si considera que ello es "conveniente" o si cree que "hay una gestión que se puede hacer". "Absolutamente nada que ocultar y nada más que comentar, con toda la normalidad", zanjó.

Sobre el contenido del sumario también se pronunció ayer el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, para subrayar que no todas las cosas son como se recogen en la instrucción judicial y que eso puede dar lugar a conclusiones erróneas. En este sentido, puso como ejemplo lo sucedido con la diputada y portavoz del PPdeG, Paula Prado, de la que se dice en el sumario que solicitó un favor a Aquagest "en su edificio".

"Por lo que nos ha explicado en el grupo es un edificio público, donde estaban funcionarios y reventó una arqueta; quienes protestan son los funcionarios. Ella como responsable municipal llama a Aquagest para que le arregle un vertido de aguas que generan malos olores. Sin embargo, allí lo que se pone es 'en su edificio' y es un edificio público", aclaró.