PP y PSdeG podrían haberse financiado de forma irregular en Santiago de Compostela. La investigación judicial de la juez Pilar de Lara en el marco de la operación Pokemon recoge varios pinchazos telefónicos que apuntan esa posibilidad, aunque con diferentes magnitudes y protagonistas. El más relevante es el del edil de Deportes popular Adrián Varela, que revela en una conversación a Ángel Espadas, antiguo concejal y hombre fuerte de los intentos de empresas como Vendex o Aquagest para lograr contratos municipales, que el PP habría recibido hasta 45.000 euros de donantes para la campaña electoral de 2011.

Varela utiliza la referencia a esos donativos que apuntan una "posible financiación irregular", en opinión de los investigadores de Vigilancia Aduanera, como futura herramienta de presión ante Ángel Currás cuando este ocupe la Alcaldía para mantener como asesor municipal a Espadas. Crítico con la gestión del relevo de Conde Roa, de espaldas a algunos ediles en una corporación fracturada y sumida en una guerra interna, el edil le dice a Espadas:

-Varela: "Como quiera prescindir de ti? le voy a recordar o le voy a decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40 ó 45 mil euros? gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú sigas ahí, para empezar? ¡A ver cómo reacciona a eso!".

-Espadas: "Eso no se lo digas en público".

-Varela. "No, no? bueno, se lo digo en privado".

Es esta la información con que Aduanas sustenta la posibilidad de que exista una financiación irregular en el PP, en alusión a posibles pagos de empresarios a cambio de contratos supuestamente gestionados por Espadas, concejal hasta que fue sorprendido ebrio al volante y luego asesor de Conde Roa. De hecho, en el sumario, cuyo secreto ha levantado parcialmente la juez De Lara, se indica que se habrían exigido desde el ayuntamiento a cambio de contratos al grupo Vendex o a Aquagest aportaciones para pagar facturas de Endesa, fondos para el club de baloncesto Obradoiro o enchufes.

En el terreno de colocaciones, Aduanas recoge un pinchazo en el que la edil de Educación, Rebeca Domínguez, señala como su "apuesta número uno" el currículum que envía a Vendex y sostiene que Currás quiere revisar la lista de supuestos enchufados. Los investigadores apuntan también gestiones para colocar al primo de Conde Roa, al marido de la concejala María Pardo y al padre de Adrián Varela, así como también a familiares del socialista Bernardino Rama.

Los pinchazos telefónicos de 2012 también recogen conversaciones sobre el caso de Antonio Murcia, dueño de Imprenta Ibérica, que trata de saldar supuestos compromisos de pago de contratistas con el concello durante la etapa como alcalde de Xosé Sánchez Bugallo, hoy diputado autonómico. A Aquagest, por ejemplo, le reclama 60.000 euros, según explica José Luis Míguez, gerente de la compañía en Santiago, a su superior en Galicia, Henry Laíño. No se queda ahí la cifra, pues Míguez, en otra conversación, sostiene que a Murcia "le quedaron a deber 400.000 euros y le dijeron que cuando ganaran las empresas le pagaban la deuda".

Para Aduanas, esa cifra podría corresponder a fondos que las empresas daban a la empresa y que iban a parar al PSOE.