Aunque el real decreto que diseña el futuro de las fuentes renovables es aún un borrador pendiente de la redacción final y su visto bueno, la orden encargada de desarrollar el apartado concreto de la retribución a este tipo de energías está ya en manos del sector, que ayer lo recibió de parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El recorte estimado por el Gobierno en los pagos a las tecnologías subvencionadas hasta ahora por su contribución a la sostenibilidad del sistema energético y para minimizar así las emisiones contaminantes asciende a 1.700 millones de euros. La tijera penaliza a aquellas instalaciones más antiguas. Un golpe al corazón energético de Galicia. A la eólica. Los parques que cuenten con autorización de explotación definitiva anterior a 2004, incluido ese ejercicio, se quedan fuera directamente del llamado "régimen específico", que preveía primas "excepcionales" para asegurar la rentabilidad de determinadas centrales por los costes de inversión "en caso de resultar necesario". Lo que supone que alrededor del 60% de los parques de la comunidad solo podrán vender su producción en el mercado, sin ningún tipo de ingresos a mayores.

Para el resto, los que funcionan desde 2005 en adelante, y para los que puedan salir del concurso impulsado por la Xunta y completen los permisos antes de 2016, la orden recoge un total de 23 perfiles probables de remuneración en función de la potencia instalada, antigüedad, horas en funcionamiento y producción anual. Con un importantísimo condicionante. Que la prima en cuestión se adjudicará a través de un proceso de "concurrencia competitiva", como una subasta que dependerá del Ministerio de Industria.

En una primera lectura de la norma, que suma más de 1.500 páginas entre artículos, anexos y memoria técnica, la patronal gallega del viento (EGA) concluye que la eólica es la tecnología que soporta el mayor peso del recorte en la retribución y es "especialmente perjudicial" para la eólica veterana y, por lo tanto, la actividad en la región. De ahí el impacto en las cuentas de los promotores. De media, los ingresos de los parques gallegos caerán un 40% con el nuevo sistema, frente al 20% que rondará la caída del sector en el contexto nacional. Pero el descenso, según EGA, será mayor en buena parte de las instalaciones más antiguas, de la misma manera que hay casos puntuales, en los últimos aerogeneradores levantados -en los últimos cuatro ejercicios, Galicia solo incorporó al sistema 88,85 megavatios (MW)-, que contarán con una remuneración mayor.

A "alguna prima", en referencia al régimen específico, se agarraba el presidente de la Xunta tras el Consello del pasado 23 de enero del que salían las autorizaciones a los tres primeros parques del concurso. "El futuro está sin enmarcar", respondía ante las preguntas de cómo quedarían las inversiones y empleos vinculados al reparto de los 2.325 MW hace tres años.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que agrupa a los promotores de todo el país, no ahorró tampoco en críticas ayer. "La reforma energética es un expolio para el sector eólico, sin duda, el más perjudicado por la nueva normativa. El 37% de la potencia instalada en España se queda sin retribución y al resto se le reduce un 50%", sostiene la organización, que presenta la normativa como "la más perniciosa que se ha dictado nunca en ningún país" contra el sector.

Como punto de partida, la memoria de la orden asegura que entre 2003 y 2013 las primas a las renovables alcanzaron los 50.000 millones de euros. Lejos de los números de las empresas, el departamento que dirige José Manuel Soria sostiene que las instalaciones actuales tienen garantizada una rentabilidad del 7,39% y del 7,59% para las futuras. El ajuste no es solo para la eólica. De hecho, el fin de las primas deja en una situación muy complicada plantas de biomasa y cogeneración de Galicia, también antiguas, además de la actividad energética de Sogama.