Además de sobornos y enchufes, la investigación de la operación Pokemon podría destapar la supuesta financiación irregular del PSOE de Lugo. Empresarios locales reconocieron ante la juez instructora, Pilar de Lara, que "aunque todo el mundo lo sabe, nadie quiere hablar" de los pagos o obsequios a políticos. Y cuando la maquinaria de los partidos suelen ponerse en marcha es cuando llegan las elecciones. En su declaración ante la instructora del caso, que destapó los reclamos de Vendex para ganar concursos públicos en ayuntamientos gallegos, un empresario lucense declaró en 2011 que desde el concello de Lugo se le requirió "colaborar con algún donativo para la campaña" electoral para la reelección de Xosé Clemente López Orozco. Las cantidades supuestamente pedidas a los empresarios oscilaban entre los 10.000 y los 30.000 euros.
El también presidente del PSdeG era uno de los supuestos receptores de comisiones por parte de algunos empresarios que se hicieron con el contrato del servicio municipal de la grúa. El empresario asturiano José Luis Álvarez, uno de los socios de Cechalva, concesionaria de la grúa en Lugo, aseguró ante la juez De Lara que los pagos en la "caja B" de la empresa concesionaria -de la que podrían haber salido unos 100.000 euros al año- identificaban al alcalde de Lugo como "XXX". Esas siglas ocultaban, según el sumario, el nombre Orozco, al que se identificaba con estas siglas por "dar un nombre, por si alguien lo detectaba luego". El empresario asturiano afirmó ante la instructora que cuando entraron en conversaciones para que Cechalva se hiciera con la concesión de la grúa en Lugo "la condición indispensable era pagar 2.000 euros al mes al alcalde".
El argot utilizado en las conversaciones telefónicas para referirse al envío de Vendex desde Madrid a Galicia a través de Seur de esos sobres con dinero -de un peso de 1 kilo- es "botes de pintura", "tinta para la impresora", "lo del IBI", "prensa deportiva" o "el AS". Se trata, según la investigación, de un "sistema de claves" convenidas entre José María Tudor, delegado de Vendex en Galicia; Gervasio Rolando Rodríguez, responsable general del grupo, y Javier Reguera, responsable de Doalen Lugo -filial de Vendex-. Junto a Orozco, otro de los presuntos receptores de estos sobornos es el exteniente de alcalde de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Liñares.
Las cantidades que presuntamente entregaban los constructores lucenses en vísperas de elecciones a personal del concello oscilaban entre los 10.000 y 30.000 euros. A algunos empresarios, según recoge el sumario del caso, incluso no hacía falta que le pidiesen este "impuesto" porque ya lo llevaban "directamente al ayuntamiento".
Otros que no quisieron pagar ya no volvieron a recibir visita de algún representante del concello. Es el caso de Javier Río Vidal, que en su declaración en mayo de 2011 ante la magistrada, aseguró que desde el ayuntamiento le habían pedido dinero en las últimas elecciones -"cuando Besteiro [actual secretario xeral del PSdeG y presidente de la Diputación de Lugo] era todavía concejal" responsable de Urbanismo, según recoge el sumario de la operación Pokemon-, pero que no quiso hacer pago alguno por lo que no le volvieron a pedir. Cuando se lo propusieron -relató- "estaba tomando algo en un bar" y se lo pidió "una persona del ayuntamiento que trabaja en algo de carreteras". El testigo no se "negó en rotundo" a dar las comisiones que le pedían porque no se atrevió y tenía miedo y se limitó a comentarle: "Déjame que lo piense, ya te contestará, pero ya ves cómo estoy".
Preguntado si cree que la negativa a dar los donativos tiene algo que ver con que no le den obras desde el ayuntamiento, el empresario aseguró que sí.
La defensa del alcalde niega que este recibiese sobres de dinero
Lo que la juez de la operación Pokemon ve como tráfico de influencias, el alcalde e Lugo lo considera un acto de humanidad. La defensa de Orozco advirtió ayer de que la apertura parcial del secreto de sumario solo genera más indefensión" a los imputados ya que las diligencias entregadas a las partes solo llegan a septiembre de 2012 y sostiene que la acusación de tráfico de influencias "no hay por dónde cogerla", al tiempo que reitera que no existen indicios "ni siquiera indiciariamente" de que Orozco recibiese sobre alguno.
El letrado recordó que "un funcionario jubilado, una persona muy querida en el concello, se dirigió al alcalde" para explicarle que tenía una hija en una situación muy complicada y que "su yerno estaba sin trabajo", y pedirle si "podía hacer alguna gestión" para ayudarles. "Hizo gestiones, pero fueron fallidas. No hubo posibilidad, ni siquiera de forma interina o para hacer alguna sustitución. Al final, la hija de ese funcionario, enferma, murió. Poco después, murió también su madre, dicen que de pena. Ese es el tráfico de influencias", explicó a Efe.
También se quejó de que la parte del sumario sobre la que ya no pesa la orden de secreto no incluya la declaración de Orozco con la que "quedó todo explicado".
