El ingeniero naval José Luis López-Sors, único alto cargo de la administración española que estaba acusado de los daños causados por la marea negra, ha recibido el fallo absolutorio con la convicción de que en el Derecho español "parece inevitable culpabilizar a un funcionario del Estado".
En un escrito suyo, elaborado tras conocerse el veredicto y que hoy publica el periódico ABC, alega que esto ocurre así "para que, si se lograra su condena, el Estado respondiera subsidiariamente. Y esta es la razón de base que, en España, invita a politizar cualquier accidente que haya causado daños importantes".
En este texto, menciona un ejemplo opuesto, el del Derecho anglosajón, que ve "absolutamente respetuoso" con el poder Ejecutivo, tanto que en el Reino Unido las decisiones sobre accidentes en la mar, como el caso del Prestige en 2002, se toman por una figura dependiente del ministro de Transportes "y no se ponen en duda".
En su caso, como director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos era el responsable de Fomento, reitera que determinó el alejamiento con la obligación de "defender las costas españolas" y en el proceso ha quedado claro "lo importante", que "los intereses del mundo del armador y del aseguramiento son absolutamente contrapuestos a los intereses del Estado ribereño".
Ahí ve López-Sors el "quid de la cuestión para el futuro" porque accidentes marítimos, "lamentablemente, seguirán produciéndose".
El capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, recuerda López-Sors, se negó a dar remolque al buque de salvamento que el Estado activó, desobedeciendo las órdenes y contraviniendo el mandato del Convenio Internacional de Intervención de 1969.
El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del vetusto monocasco ha absuelto de los principales delitos a los tres acusados en este proceso y ha eximido al Gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban
