Wert revisará el calendario de la puesta en marcha de la Lomce y Galicia exige más recursos

Al rechazo frontal de Cataluña y la oposición a la nueva ley de educación le han seguido pequeñas propuestas de mejora de comunidades como Galicia que, apoyando el proyecto, reclama "flexibilidad" en su puesta en funcionamiento, así como una financiación que garantice lograr sus objetivos. El ministro José Ignacio Wert respondió ayer a esta situación con una oferta de aplicación "escalonada" de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como Ley Wert, que permitiría aplicar sus cambios, como el endurecimiento de requisitos para obtener becas, la fijación de reválidas entre ciclos o la mayor autonomía a los centros escolares, de forma paulatina e ir cediendo financiación conforme se cumplen esos plazos.

El responsable de Educación tendió esta mano a las autonomías durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, a la que acudió ante el órdago lanzado por Cataluña, que ha anunciado su negativa a aplicar el nuevo texto legal. "Quiero poner de manifiesto ante esta comisión la disposición del Ministerio de Educación a entablar, en el marco de la discusión de esta Cámara y a través del grupo del PP, la revisión del calendario de aplicación, que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley, pero que podría plantear un escalonamiento", anunció.

Esta aplicación gradual iría pareja a la dotación presupuestaria. "Irá siendo más exigente en la medida en que la puesta en aplicación de la norma vaya teniendo consecuencias", añadió.

Las comunidades gobernadas por el PP apoyaron al ministro frente a las críticas de las gobernadas por PSOE y nacionalistas, a pesar de que varias de las populares reclamaron concreción en la financiación para aplicar todos los preceptos de la nueva legislación. Entre ellas se situó no solo Galicia, sino también Madrid o Castilla y León.

La propuesta encaja con las reclamaciones de la Xunta, expuestas en la sesión por el conselleiro de Cultura e Educación, Jesús Vázquez, que pidió una aplicación en fases de la nueva ley así como "dotaciones precisas" y suficientes para garantizar el "éxito de su implantación", pues exigirá, alegó, más personal, nuevos servicios, formación de profesorado y mejora de los equipamientos.

Esa reclamación encajó en un discurso de aceptación de la Ley Wert, que "tendrá "consecuencias positivas" en opinión de Vázquez, para quien apuesta por un sistema educativo "flexible" y busca la "igualdad de oportunidades", a pesar de las críticas de las asociaciones estudiantiles al endurecimiento de requisitos para obtener becas.

El conselleiro también salió en defensa de Wert ante las críticas de PSOE, CiU, PNV, Entesa y Amaiur, así como antes de la propia Generalitat catalana, sobre la invasión de competencias autonómica en que incurre la norma en aspectos como el lingüístico. El ministro sostuvo ayer que si bien "puede haber una dimensión problemática" en el nuevo texto legal, encaja en el ordenamiento legislativo actual. La misma opinión mostró Xesús Vázquez. "El texto de ley es acorde con la estructura constitucional", indicó ayer en el Senado, informa Europa Press. "El Estado tiene capacidad par armonizar objetivos comunes", añadió.

Además, Vázquez lanzó un capote a Wert para atajar las críticas de las comunidades con lengua propia. En el Senado especificó que la Xunta considera que la Lomce es "respetuosa" y respeta las dos lenguas cooficiales de la comunidad. Mismo discurso mostró la consejera balear de Educación, Juana María Camps, que apostó por el modelo de trilingüismo, similar al que Feijóo defendió desde su llegada a la Presidencia de la Xunta en 2009 tras la derogación del decreto del gallego que había sido aprobado por el bipartito.

Cataluña

Frente a la visión del PP apareció la de la oposición. La consejera catalana, Irene Rigau, anunció que lucharán "hasta el final" para garantizar el modelo lingüístico que establece el Estatut y cifró en 26 las reclamaciones para estudiar solo en castellano en su comunidad frente a los 1,2 millones de alumnos. Sus homólogos socialistas de Andalucía y Asturias reclamaron que se modifique el texto a la vista de las protestas que cristalizaron en la huelga de la semana pasada.