Una nueva causa judicial salpica al Concello de Santiago. A la lista de concejales del PP de Compostela imputados en la operación Pokémon-Manga y el caso de las facturas falsas se suman siete más por aprobar el pago de la defensa judicial a otro miembro del gobierno local, el edil de Deportes, Adrián Varela. Se trata de una imputación colectiva por prevaricación que afecta a siete de los nueve miembros de la junta de gobierno local -el alcalde, Ángel Currás, y la primera teniente de alcalde, Reyes Leis, no asistieron a la citada sesión del órgano de gobierno-, con lo que ya son diez de los trece integrantes del Ejecutivo municipal con alguna causa pendiente con la Justicia.
Esta nueva causa afecta a María Pardo (portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo), Amelia González (Persoal), Juan de la Fuente (Obras), Francisco Noya (Participación Cidadana), Cecilia Sierra (Facenda e Administración Local), Luis García Bello (Seguridade Cidadana) y María Castelao (Benestar Social).
Denuncia de un particular
La nueva imputación, según explicó ayer la propia María Pardo, se deriva de la denuncia de un particular que la Fiscalía admitió a trámite tras la aprobación en mayo por parte de la junta de gobierno del pago de la defensa del concejal de Deportes tras su imputación en la Pokémon. El edil renunció con posterioridad a percibir cualquier tipo de compensación por los gastos de su defensa y no se llegó a hacer ningún pago, según recordó la portavoz del Gobierno municipal, quien sostuvo que la decisión de la junta "no solamente es ajustada a derecho", sino que "es una práctica" aplicada en otros ayuntamientos y también en el de Santiago. En concreto, mostró un documento por el cual se asignaba un abogado al concejal socialista Bernardino Rama en 2009, por el caso de la Praza Roxa. "Enseñamos esto pese a que no lo estamos denunciando, puesto que es ajustado a derecho", adujo María Pardo, al tiempo que denunció una "una persecución política clara" contra el Gobierno compostelano por parte de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago.
Ante esta situación, la portavoz municipal manifestó su preocupación por lo que considera una "deriva penal" de la Justicia en temas que, apuntó, pueden resolverse por la vía social o administrativa. "Puede llegar puede llegar a parecer un abuso de la vía judicial penal para influir en la acción política", sentenció.
Con estas nuevas imputaciones, del grupo municipal del PP de Santiago solo se salvan del banquillo Reyes Leis, primera teniente de alcalde, así como Luis Mejide Rodríguez y José María Rosende Rico, ambos adscritos al Área de Participación Cidadana.
Desde el PSdeG, su portavoz en el Concello, Francisco Reyes, advirtió del "daño" que causan a la "imagen" de la ciudad las siete nuevas imputaciones, pero descartó pedir elecciones anticipadas. Para los socialistas, la disolución del Consistorio sería un golpe terrible" para Santiago, que colocaría a la capital gallega "al mismo nivel que Marbella" cuando, señaló, "la situación no es comparable". "Una cosa es que la situación sea lamentable la imagen, penosa y la manera de hacer (del Gobierno local), verdaderamente chapucera y con muy poco respeto a la normativa; pero otra cosa es asumir que el Ayuntamiento debe desaparecer y hacer una nueva convocatoria de elecciones", argumentó el dirigente socialista.
Sobre el caso Pokémon que ha supuesto cuatro imputaciones en Santiago (el alcalde, el exregidor, la edil de Educación y el concejal de Deportes) y también ha llevado al banquillos a cargos públicos de los ayuntamientos de Lugo, Ourense, Carballiño, Boqueixón, Ordes, Valdoviño, Ortigueira, Cedeira, Bergondo, Marín, Ponte Caldelas y Cospeito, la juez instructora, Pilar de Lara, ha vuelto a prorrogar, por un mes más, el secreto de sumario. El abogado que se ocupa de la defensa del alcalde de Lugo, confirmó que hoy presentará otro recurso contra esa nueva prórroga.
Cuatro procesos distintos
Con la nueva imputación por malversación, ya con cuatro los procesos judiciales que afectan a la corporación municipal de Santiago. En el caso Pokémon, que investiga una supuesta trama de obtención de contratos públicos en diversos ayuntamientos a cambio de favores, están imputados el propio alcalde, Ángel Currás, Rebeca Domínguez (Educación) y Adrián Varela (Deportes). A ellos hay que añadir a Albino Vázquez, que dimitió como concejal de Tráfico tras quedar libre bajo fianza de 15.000 euros después de declarar ante la juez por su implicación en la operación Manga, derivada del caso Pokémon. En esta última causa también fue imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, que abandonó el cargo en abril de 2012 acusado por un delito fiscal por no haber abonado a la Agencia Tributaria más de 291.000 euros correspondientes al IVA de la venta de 62 viviendas.
A la Pokémon hay que añadir la investigación por la supuesta falsificación de facturas por parte del edil de Obras de Santiago, Juan de la Fuente. Además, Conde Roa y Currás también fueron imputados por acoso moral y prevaricación por parte de un mando policial. El agente interpuso la denuncia después de que fuese sancionado por el Concello.
