El PPdeG rechaza una proposición para modificar la ley del gallego

La proponente Ana Pontón denunció la "profunda regresión democrática" actual en todos los ámbitos sociales, en lo que consideró una "estrategia clara de criminalización del discrepante" y de quienes defienden que el gallego no tenga la misma consideración en Galicia que una lengua extranjera.

Sobre las declaraciones del conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, de que los que no apoyan el decreto de plurilingüismo no son demócratas, Pontón subrayó que "los que dan cobijo a franquistas no pueden dar lecciones de democracia".

Tras denunciar que en Galicia hay personas que "sufren discriminación por usar su lengua en su país", se preguntó si es que están fuera del sistema democrático la Real Academia Galega, el Consello da Cultura, Queremos Galego, la Mesa, todos los sindicatos o los propios expertos europeos que se han manifestado sobre el incumplimiento de la carta de las lenguas minoritarias suscrita por España.

Para Pontón, quien se sitúa fuera de la ley es el propio conselleiro, con la aprobación de un decreto considerado ilegal por el TSXG y por ser quien "dinamitó el consenso" sobre el idioma.

Recordó que su grupo retiró una propuesta similar en 1993 para dar lugar al plan de normalización, que finalmente fue aprobado por unanimidad y "está flagrantemente incumplido" por el actual Gobierno, así como las disposiciones al respecto del propio Estatuto de Autonomía, denunció.

Según la diputada, hay una "acusada y persistente" pérdida de hablantes de gallego en las generaciones más jóvenes y persisten los perjuicios contra este idioma, mientras que el sistema educativo no garantiza el dominio de las dos lenguas, como tampoco están en situación de igualdad en cualquier otro ámbito público, como la Justicia o la Sanidad.

Por ello, retó a los diputados del PPdeG a que "intenten vivir un día en gallego" y concluyó que no es posible, porque no podrían ni leer el periódico ("hoy hay menos presencia del gallego en la prensa que en el franquismo", subrayó), ver una película o recibir servicios de una empresa que ha contratado con la administración.

En cuanto a la enseñanza, resaltó que solo el 15 % del profesorado universitario utiliza el gallego en la docencia, que ha sido "barrido" de la escuela infantil en las ciudades y en el resto de la enseñanza obligatoria y que su presencia está entre el 20 y el 30 por ciento, según las opiniones más optimistas, por lo que concluyó que "el gallego está en una situación crítica" por la "política lengüicida" de la Xunta.

Para explicar su voto contrario, el diputado popular Agustín Baamonde señaló que "la lengua es un tesoro inmenso" y que cientos de miles de votantes del PPdeG "la hablaron, la hablan y la seguirán hablando", por lo que agregó que no se sienten acomplejados ni aludidos y "menos intimidados", pues representan a "la mayoría social".

Tras considerar que "la lengua es un elemento de unión de todos los gallegos", subrayó que la propuesta de ley "nace fuera del consenso", es una "mala ley" y contiene una "ambigüedad calculada" que "traería más problemas", porque se trata de "una ley de confrontación", que encierra un "debate ideológico" que pone a la lengua en el centro del debate político.

Para Baamonde, no se trata de un texto de consenso, sino que "pone en peligro cualquier consenso futuro y dinamita la ley de normalización lingüística", aprobada por unanimidad en la Cámara, una amplia mayoría que también requeriría su reformulación, y se trata, además, de una iniciativa "unilateral" presentada por el grupo minoritario, que llevaría a su "fracaso absoluto".

En su opinión, es una "reforma de confrontación" que pretende "la galleguización total del espacio público", con afán monolingüe, que busca una cosa distinta a la que se dice, para "expulsar al castellano" y transformarlo en "una lengua extranjera".

Tanto el portavoz del PSdeG, Francisco Caamaño, como el de AGE, Xabier Ron, se manifestaron a favor de la toma en consideración del texto propuesto por el BNG para su trámite parlamentario.

El primero señaló la "pertinencia" de un nuevo marco legal para el gallego, acusó a la Xunta de "instrumentalización política de la lengua" y, tras acusar al Gobierno de "soberbia" en el tratamiento de este asunto, resaltó que Fraga y Albor "supieron gestionar" la ley de 1983.

Ron pidió al PPdeG que pase del "estigma a la estima" y coincidió con la proponente en resaltar el descenso en el uso del gallego, que cifró en un 80 por ciento en las ciudades, y en un 13 por ciento el descenso de monolingües en gallego, en un continuo proceso de desgalleguización que se debe frenar.

Frente a ello, en su opinión, la Xunta "legisla contra el gallego" y desprecia todo tipo de argumentos científicos y pedagógicos.