El juez que instruye la causa del accidente ferroviario más grave de las últimas décadas en España, en el que fallecieron 79 personas al descarrilar el tren Alvia en Angrois (Santiago), ha imputado a tres responsables de seguridad y dos inspectores de Adif -Administrador de Infraestructuras Ferroviarias- por su presunta responsabilidad en el siniestro. Pero además, también llamará a declarar como imputados a los tres últimos presidentes de Adif -Gonzalo Ferre, Enrique Verdeguer y Antonio González Marín- así como a todos los consejeros de la empresa pública y varios directivos encargados de la seguridad ferroviaria desde el 11 de diciembre de 2011, fecha en la que se abrió la línea Ourense-Santiago en la que se produjo la catástrofe el pasado 24 de julio.
En un auto notificado ayer, el juez Luis Aláez imputa ya a cinco responsables de Adif -cuyos nombres facilitó la empresa público al juzgado- por considerarlos "potenciales autores del delito imprudente de resultados mortales y lesivos" al incumplir sus deberes en materia de seguridad en la línea Ourense-Santiago y "conociendo las características de la vía a la altura de la curva de A Grandeira y el riesgo que creaba para la circulación de los trenes, no arbitraron medidas ante una posible desatención del conductor del tren". Los imputados son el director de Seguridad de Circulación en toda España, Manuel Besteiro; el jefe de Inspección del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, José Antonio García Díez; el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando Rebón Sartal; y los inspectores Carlos A. G. y Roberto S. A.
Pero el instructor reclama además a Adif que identifique también a los presidentes, vocales del consejo de administración y encargados de la seguridad en toda España y de la zona noroeste desde diciembre de 2011 "a fin de poderles recibir declaración en calidad de imputados". La construcción de la línea se hizo casi toda bajo mandato socialista, pero entró en servicio cuando el Gobierno de Zapatero estaba ya en funciones, a la espera de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente. Por eso, el juez imputará a Antonio González Marín, el último presidente de Adif de la etapa socialista, a su sucesor, ya del PP, Enrique Verdeguer, que dejó el cargo al año, y al actual, Gonzalo Ferre, que lleva en el puesto desde el pasado mes de enero.
"Sin seguridad"
El juez entiende que es a partir de la apertura de la línea Santiago-Ourense, porque antes al no poder circular los trenes no se podía producir daño alguno, cuando es exigible la responsabilidad penal de todos aquellos que permitieron la circulación de trenes "por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes", omitieron el establecimiento de un procedimiento de seguridad que evitase el descarrilamiento de un tren y autorizaron la entrada en servicio de una línea "sin, aparentemente, las medidas de seguridad necesarias". De este argumento se deriva la larga lista de nombres que el juez quiere que Adif identifique para imputarles un "delito de imprudente".
Aunque Luis Aláez advierte que en principio el consejo de administración estaría liberado de responsabilidad penal porque las competencias en seguridad en la circulación fueron delegadas en la Dirección de Seguridad de Adif, acto seguido explica que cita como imputados a sus consejeros porque para quedar eximidos deben acreditar que la delegación de competencias se hizo en personas capacitadas, que se eligieron a las personas idóneas para el cargo o que se les hayan proporcionado "los medios demandados o denunciados como necesarios para evitar accidentes como el ocurrido en Santiago". El juez entiende además que todo el consejo de administración de Adif, para quedar exonerado, debe realizar correctamente su labor de supervisión sobre la Dirección de Seguridad y "vigilar la diligencia de dicha dirección en el cumplimiento de la función demandada".
"En fin, son imputables todos ellos, pues todos, delegados y delegantes, han tenido un dominio real sobre la fuente de peligro. Y de ahí que todos hayan de ser considerados potenciales autores del sobredicto delito imprudente", continúa el auto.
Manuel Besteiro y José Antonio García están llamado a declarar el próximo día 18 ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, mientras que al día siguiente deberán comparecer los otros tres imputados ayer.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, defendió ayer que el Gobierno está trabajando desde el primer momento en colaboración con el juez y aseguró, ante la imputación de cinco responsables de Adif, que las víctimas tienen que saber las causas del siniestro. "Las víctimas son y tiene que seguir siendo nuestra prioridad. Se tienen que saber las causas del accidente. Vamos a seguir colaborando para que el juez pueda trabajar", dijo.
