Hasta 14 de las 34 cajas con los alrededor de 30.000 folios que, según la Xunta, aportan toda la información que le pidió la comisión de investigación sobre lo ocurrido con las dos antiguas entidades de ahorro gallegas entraron ya en el Parlamento con la clasificación de "confidenciales". Y así seguirán. Frente a la negativa de la oposición al completo, la mayoría del PPdeG respaldó ayer el mantenimiento del carácter secreto que pedía el Ejecutivo gallego y que supone dejar fuera del ojo público prácticamente la mitad de los escritos que llegan desde San Caetano y que, si no hay cambios de última hora, será la única documentación relevante. Porque tanto Novagalicia, como el Banco de España y ahora también la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se agarran al mutismo que, aseguran, les impone la ley para negar lo que los diputados les reclamaron. Incluido el análisis real de cómo estaban Caixanova y Caixa Galicia. Aunque los cuatro partidos sí se pusieron de acuerdo en consultar con los asesores jurídicos de la Cámara la posibilidad de acceder a ella a través de los tribunales.

¿Qué documentos estarán exclusivamente a mano de los miembros de la comisión? Toda la contabilidad y estados contables reservados desde 2004, acuerdos de asambleas, comunicaciones del FROB y, en general, todo lo que tenga que ver con la fusión. Documentación en general de las cajas, el Banco de España, los estudios realizados por las auditoras de ambas, Deloitte y PwC, y la polémica due diligence de KPMG, además de la información que la Xunta tiene sobre las indemnizaciones a exdirectivos.

"Esto corta totalmente las posibilidades de que la comisión pueda desarrollar los trabajos para los que fue creada", critica Francisco Jorquera, del BNG, que llamó la atención de que la resolución de la asesoría jurídica del Gobierno gallego para reclamar la confidencialidad esté firmada en septiembre del pasado año, cuando la documentación se pactó a principios del pasado mayo. "Nos parece -añade, en referencia también a la postura adoptada por el supervisor- una auténtica tomadura de pelo al Parlamento".

Desde AGE suscribieron la intervención de Jorquera, dispuestos a "recusar" la decisión del gabinete legal de la Xunta. "No estamos dispuestos a ser cómplices o comparsa de una pantomima o parodia", clama Xosé Manuel Beiras. "Si esto es absolutamente reservado -indica- no hay manera de funcionar en esta comisión".

"Sin duda, hay algo que ocultar", reprochó Abel Losada al grupo popular, por la "ruptura radical con el discurso de transparencia que trasladan". "Uno de los objetivos es demostrar el papel de la Xunta y su gobierno -añade-. No puede ser que la directora general del gabinete jurídico del Ejecutivo sea la que pone las reservas". La confidencialidad, especialmente con la due diligence encargada por la Xunta, añade "retraso y niebla", según el portavoz del PSdeG. "No vaya a ser que el discurso del PP de que todo el monte era orégano -sostuvo Losada, en referencia a las declaraciones de la Xunta de que las dos cajas estaban igual- no sea cierto y había diferentes plantas".

"La exhaustiva documentación remitida por la Xunta es la demostración de que hay un Gobierno que quiere la máxima transparencia y facilita a los diputados todo lo que tiene, mientras hay organismos que no hacen nada", defiende Pedro Puy, que insiste en que el objetivo de que se sepa "todo" es común. El portavoz parlamentario del PPdeG recuerda que la normativa de secreto bancario hay que cumplirla y que la Xunta remite la documentación "con la confianza" de que los diputados la cumplirán. La misma argumentación da para el informe de KPMG, "que no es exactamente una auditoría".

El presidente de la Xunta, asegura, estaría dispuesto a hacerlo. "Por mí entregaría esa auditoría y otras. No hay solo esa, hay varias, por mí haría públicos todos los documentos, pero estamos en un Estado de Derecho y hacemos lo que nos dejan", aseguraba ayer Alberto Núñez Feijóo.