A la espera de la contestación que el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez remita cuando se le convoque a la comisión de cajas que el Parlamento gallego abrirá previsiblemente este mes, tras su paso, precisamente, por la que se está celebrando en Les Corts de Valencia, la visión del Banco de España sobre lo ocurrido en la frustrada unión de Casanova y Caixa Galicia, clave para entenderlo todo, brillará por su ausencia. En O Hórreo se recibió la negativa del supervisor el martes a aportar toda la información requerida para investigar el estado de las entidades, su fusión e incluso la emisión de preferentes apelando al "régimen especial de reserva" que, según el organismo, está impuesto por ley.
La misiva apunta a dos normativas diferentes. Por un lado, la que fija la autonomía del Banco de España y que insta a "miembros de órganos rectores y personal", que "deberán guardar secreto, incluso después de cesar de sus funciones" de "cuantas informaciones de naturaleza confidencial tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus cargos", bajo amenaza de sanción.
Por otro, el supervisor se agarra al real decreto que adaptó en España la normativa europea de establecimientos de crédito, que marcan "de carácter reservado" los "datos, documentos e informaciones" en poder del regulador por las tareas que tiene encomendadas, sin que puedan ser "divulgados" a "ninguna persona o autoridad". Salvo excepciones, incluidas "las informaciones requeridas por una Comisión Parlamentaria de Investigación en los términos establecidos en su legislación específica", según consta en el artículo 6.4 del real decreto.
Cámara autonómica
Pero el Banco de España no considera que las comisiones regionales, como la gallega, puedan contemplarse en esa singularidad. Y para ello incorpora a la carta enviada al Parlamento el dictamen del Consejo de Estado del 26 de julio de 2012, solicitado por el mismo regulador ante la demanda similar que lanzó la Comunidad Valenciana, el control parlamentario de las asambleas legislativas autonómicas debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia comunidad autónoma y, por tanto, la petición de información "no se corresponde" con su "ámbito competencial".
Esta resolución del Consejo de Estado fue la utilizada por Fernández Ordóñez para evadir la primera citación de Les Corts valencianas. Que amenazaron entonces al anterior gobernador con llevarlo a los tribunales. Finalmente, compareció el lunes.
Concretamente, los cuatro partidos gallegos pactaron solicitar al regulador español los balances reservados de las dos antiguas cajas, copia de las comunicaciones que se emitieron con ambas "en referencia a la evolución de éstas", los datos de directivos que cobraran algún tipo de indemnización y su cuantía y los informes de inspección. Todo, desde 2004 hasta la integración del negocio. Además, la mesa de la comisión aspiraba a recibir los permisos para el lanzamiento de los híbridos de capital y las auditorías de las que salieron la reducida valoración de apenas 185 millones de Novacaixagalicia, con la que su participación en el banco heredero se quedó en menos de un 7%, y el valor patrimonial del banco hoy.
Es decir. Todos los números y los acontecimientos que cuentan la historia real de estos cuatro años y medio estrepitosos para el sector financiero gallego.
Como publicó FARO en exclusiva el pasado verano, el departamento de Supervisión del Banco de España, entonces dirigido por Jerónimo Martínez Tello, realizó un exhaustivo seguimiento del desplome de Caixa Galicia, que, como recogen las actas de inspección que ahora rechaza entregar, revelan una morosidad oculta del doble de la declarada, y el aviso directo a la entidad de su inviabilidad en solitario tras los fracasados intentos de sacar adelante un plan de viabilidad que se le exigía ya desde 2009. Martínez Tello, que el PSdeG proponía como compareciente para la comisión y que se quedó fuera de la lista final, firma también la carta remitida a la cúpula de Caixanova pocos días después de consumarse la fusión en la que figuran todos los requisitos de control sobre los activos heredados de Caixa Galicia -y expresamente a ella se refiere- para evitar que la operación se truncase.
La oposición del Banco de España a aportar la vital información para entender el proceso llega después de que la Xunta, con parte solo de esa misma documentación, solicite que 14 de las 34 cajas con 30.000 folios entregados sean confidenciales y sin filtraciones. Un tema que se abordará hoy en una sesión de la comisión. Novagalicia, por su parte, apeló al mismo deber de secreto y solo hizo llegar a O Hórreo información pública que cualquiera puede consultar en estos momentos en la Cómisión Nacional del Mercado de Valores o en su web.
