El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha asegurado que la Xunta sigue defendiendo la vía del arbitraje para los casos de "mala comercialización" de preferentes y subordinadas, pese a que se conoce que la fecha límite para aceptar peticiones para esta alternativa es el próximo lunes, y ha asegurado que trabaja para agilizar y facilitar las acciones judiciales de quienes decidan acudir al juez.
En respuesta a preguntas de los periodistas tras presentar una línea de apoyo a proyectos innovadores, el conselleiro ha sostenido que el Gobierno gallego "desde el primer momento" ha defendido que "el 100% de los afectados que sufrieron una mala comercialización recuperasen el 100% de sus ahorros". "No vamos a cambiar nuestra postura", ha afirmado.
Así, ha indicado que el arbitraje ha devuelto su dinero a "dos de cada tres afectados", en torno al 65%, de los que pidieron acogerse a esta vía. "Dos de cada tres familias en estos momentos o bien recuperaron o están a punto de recuperar a través del arbitraje el 100% de su dinero", ha recalcado.
En cualquier caso, Conde ha dicho que los responsables de la Xunta continuarán "trabajando, apoyando a aquellos afectados que sufrieron una mala comercialización". "El banco ya conoce nuestra postura y nosotros vamos a mantenerla. Entendemos que el banco debe replantearse que efectivamente los casos con entidad de razón deberían resolverse a través del arbitraje y seguiremos velando por que la vía de arbitraje sea la solución en los casos que tengan entidad de razón", ha asegurado.
En cuanto a la posibilidad de denunciar ante un juez, Conde ha reiterado que, de forma complementaria, la Xunta trabajará "en vías alternativas". "Específicamente colaboraremos con la justicia para agilizar la vía judicial para atender a las demandas de quienes hayan sido víctimas de una comercialización indebida", ha indicado.
"Estamos con todas las personas que sufrieron esta mala comercialización, bien sea a través de la vía de arbitraje o por la vía judicial", ha zanjado y ha explicado, sin concretar, que sobre esta segunda posibilidad, el Gobierno gallego trata de identificar "las alternativas" para "agilizar y facilitar a los perjudicados que encuentren una solución rápida".
