La alternativa que propone la Consellería de Sanidade para que el paciente no tenga que anticipar el dinero de los productos ortoprotésicos es que el coste lo asuman los propios establecimientos, pero mediante un "contrato" privado. El usuario pagaría su aportación fija -un máximo de 36 euros- y firmaría un documento por el cual acepta que el establecimiento corra con el gasto y se encargue directamente de reclamar el dinero al Sergas. Este procedimiento se llama cesión de crédito o endoso.

Pero el problema es que ningún establecimiento está obligado a hacerlo. Es totalmente voluntario y fruto de un acuerdo entre particulares. Y la "inmensa mayoría" de las ortopedias gallegas no trabajará con endosos y cobrará los productos a los pacientes.

Así lo asegura el presidente de la Asociación de Técnicos Ortopédicos de Galicia (ATOG), Jorge Ruibal. Su organización integra 80 establecimientos, "que representan la inmensa mayoría", y Ruibal asegura que en asamblea ya han tomado la "firme decisión" de no aceptar el endoso. "No hay marcha atrás. En los momentos actuales no podemos aceptar ninguno", dice.

Las razones que da son que la Xunta no reconoce los endosos como obligaciones de deuda de la Administración y que por tanto no podrán pedir financiación de entidades bancarias, que tampoco podrán presentar reclamaciones por impago o retrasos ya que la responsabilidad jurídica es del paciente y que la aceptación o no del endoso queda al amparo de cada establecimiento, sin ningún criterio objetivo.

"Y además habrá un trato desigual para los usuarios. Unos tendrán que pagar para adquirir el producto y otros puede que su establecimiento acepte la cesión de crédito, cuando la prestación sanitaria debe ser igual para todos", argumenta Jorge Ruibal.

Ante la posibilidad de que las ortopedias rechacen los endosos, Fernández Campa sostuvo que en otras comunidades con el mismo sistema no hay problemas y que en todo caso el paciente puede ejercer el derecho de elegir otro establecimiento, como farmacias con ortopedias.

Alegaciones

Aunque Ruibal dice que ha comunicado su oposición a este modelo, Fernández Campa replica que no ha recibido alegación alguna en contra y que además permite llevar un control más intenso de la prestación al poder comprobar factura por factura, cuando hasta ahora resultaba muy difícil porque se validaban en bloque.

Ruibal asegura también que el modelo de la Xunta es ilegal y que presentarán un recurso contencioso contra él.