El Gobierno gallego reservará en el proyecto de Ley de Racionalización de la Administración Autonómica un porcentaje -aún sin cerrar, pero que podría ser de entre el 7 y el 10 por ciento- para que puedan optar a contratos públicos las empresas que potencian la integración laboral de personas de discapacidad como "un paso decisivo para alcanzar la integración plena en la sociedad". Así lo avanzó el vicepresidente Alfonso Rueda, tras reunirse con el responsable de la Confederación de Personas con Discapacidad, Anxo Queiruga.
