La Unidad de Gestión de Activos Singulares (UGAS) que Novagalicia impulsó a modo de banco malo interno tenía fecha de caducidad desde el mismo momento en el que sus responsables impulsaron la reorganización interna, en noviembre de 2011. Porque el departamento aspiraba a una mejor administración del lastre del ladrillo y el resto de áreas consideradas no estratégicas para precisamente agilizar su salida del negocio. La irrupción luego de la Sareb y la segregación de buena parte de la carga ligada a promotores -más de 10.400 millones en valor bruto, entre la entidad y las inmobiliarias del grupo- aceleró todavía más el calendario, de la mano de los ajustados plazos de Bruselas para la reducción de tamaño y desinversiones a cambio de la tercera inyección pública de 5.400 millones de euros. Ahora UGAS camina hacia su externalización. En la gestión e incluso con la venta de toda o parte de la actividad que maneja. NCG tiene abierto un concurso en el que hay "varias" firmas y fondos interesados, según confirman fuentes de la entidad.
De momento, en Novagalicia no entran en detalles sobre esas posibles ofertas, ni siquiera en cómo es el mecanismo, aunque FARO ya adelantó a finales de abril que se trata de un proceso competitivo. El banco insiste en que por su propia naturaleza, su banco malo interno va a ir perdiendo actividad conforme avance el plan de reestructuración y que tomó la decisión "al detectar interés por parte del mercado". Con dos premisas, la de lograr que la operación sea rentable económicamente y garantizar "la continuidad de la carrera profesional" para la plantilla afectada.
Bajo el paraguas de UGAS están hoy no solo los 676 millones de euros en préstamos a la construcción e inmuebles y suelo por valor de 336 millones que quedaron al margen del traspaso a la Sareb. En principio, aquellos créditos por debajo de los 250.000 euros y las viviendas de menos de 100.000 euros. Al igual que el resto de nacionalizadas y entidades que descargaron mora con la sociedad presidida por Belén Romana, NCG mantiene aún la comercialización y seguimiento de los activos segregados a través de un contrato con la Sareb. Además, en UGAS está incluido lo que queda de grupo inmobiliario y el centenar de oficinas de la red exterior que no pertenecen a la marca EVO. En total, el número de empleados relacionados con el departamento asciende a 900.
Fase "inicial"
Los contactos con las compañías dispuestas a hacerse con UGAS se iniciaron ya. "Estamos en una fase inicial", explican en NCG, que apuntan a "profundizar" en el proceso "durante los próximos meses". El planteamiento es "general", de todas estas partes del negocio del banco malo interno, con lo que no se descarta que una parte pueda ser comprada y en otras se transmita únicamente la gestión.
Lo que encaja con el mensaje que la cúpula hizo llegar a los sindicatos en la última reunión hasta ahora en la comisión de seguimiento del cuarto ERE. Incluido Francisco Zamorano, responsable de UGAS. Los trabajados para la externalización se remontan meses atrás y es un proceso de "gran complejidad". "La posible adjudicación tendrá en cuenta como elemento de valoración los compromisos de mantenimiento de puestos de trabajo". El precio hace "difícil" la venta al completo de la cartera de UGAS. No tanto en el caso concreto de los activos de las filiales inmobiliarias, o en la cesión de la actividad de recuperación de activos fallidos, junto con, según apuntan varias fuentes, el control de riesgos y recursos humanos.
Entre los interesados estarían, según publicó ayer el periódico Expansión, la noruega Lindorff -que recientemente adquirió en alianza con AnaCap unos 1.100 millones de créditos morosos al Popular-, los norteamericanos Fortress y Centerbridge, los alemanes EOS Group y GFKL e incluso una agrupación de fondos de capital riesgo español. Novagalicia evita confirmar o desmentir estos posibles pujadores. O si, como también apunta la publicación, la búsqueda está en manos de Mediobanca y el jueves termina el plazo para ofertas no vinculantes por activos que podrían rondar los 20.000 millones de euros. A continuación, los que lo hagan, iniciarán una due diligence para fijar el precio.
