Rafael Louzán posee una vivienda unifamiliar y distintas propiedades inmobiliarias (un apartamento, locales comerciales, dos viñedos y un monte), todas radicadas en la provincia de Pontevedra, con un valor catastral conjunto de 271.751 euros y sobre ellos pesan préstamos hipotecarios por un total de 164.724 euros. además tiene 39.873 euros en cuentas bancarias. Son las cifras principales que aporta el presidente de la Diputación de Pontevedra y presidente provincial del Partido Popular (PP) en la declaración voluntaria de bienes que ayer hizo pública junto con la de los otros 26 corporativos de la institución en la página web oficial y en el Boletín Oficial de la Provincia.
En total declara un patrimonio de 355.948 euros, por debajo de los bienes publicitados por sus dos vicepresidentes: el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo, José Manuel Figueroa y Xosé Crespo Iglesias, alcalde de Lalín.
Con esta declaración voluntaria de bienes -cuyo modelo fue pactado en la junta de portavoces a imagen del utilizado en el Parlamento de Galicia- la institución provincial se suma a la práctica de la transparencia. Es lo que los diputados dicen tener. El mayor "strip-tease" patrimonial en Galicia ha sido el del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que colgó sus declaración de la renta de los últimos años. Su patrimonio, en su caso constatado por Hacienda, asciende a 577.000 euros.
Es el vicepresidente y alcalde de Lalín desde hace veintitrés años el que se revela como el diputado provincial con más bienes al confesar un patrimonio global de 592.080 euros de los que 317.109 se corresponde con el valor catastral de su vivienda. El regidor dezano declara también 86.105 euros en depósitos bancarios y un plan de pensiones de 116.231 euros. Todos sus bienes están libres de cargas y préstamos, siempre según su declaración. Puede haber otros diputados con más patrimonio, pero en la declaración de bienes no todos poner valor monetario a todas sus posesiones ni todos entran en el mismo grado de detalle.
El otro vicepresidente, José Manuel Figueroa, saca a la luz un patrimonio por 476.247 euros, de los que el grueso, 315,190 lo consigna en cuentas bancarias.
Junto a Xosé Crespo, destaca el alcalde de Salvaterra do Miño desde el año 1979 y desde 1995 bajo las siglas del PP, Arturo Grandal Vaqueiro que hace constar bienes muebles e inmuebles por valor de 545.459 euros, de los que 332.265 corresponden al valor catastral de propiedades inmobiliarias y 185.194 euros en cuentas bancarias, entre otros bienes.
Mucho más modestos son los bienes declarados por los portavoces provinciales de la oposición aunque con acusadas diferencias. El líder del grupo del PSdeG-PSOE en la Diputación y concejal de Vigo, Santos Héctor Rodríguez Díaz, declara bienes muebles e inmuebles por un valor de 75.433 de los que él es propietario del 50% (37.716 euros) debido a que todos sus bienes son gananciales de su matrimonio.
Por su parte el portavoz del BNG y edil de Pontevedra, César Mosquera, concluye tras una farragosa declaración jurada, que tiene un patrimonio en torno a los 176.000 euros, aunque, según sus cálculos, potencialmente podría haber sido de entre 327.000 y 436.000 si hubiese mantenido un nivel de ahorro estable a lo largo de sus 37 años de vida laboral (es profesor de instituto) de entre el 30 y 40% del salario mensual.
De ellos era Santos Héctor Rodríguez el que ayer se declaraba más satisfecho porque al fin la corporación provincial y sobre todo el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, había hecho pública una declaración de bienes, cuya credibilidad no quiso entrar a valorar, al entender que "era un ejercicio de transparencia que la ciudadanía está pidiendo a los políticos".
Más de 4,3 millones
La suma de los bienes declarados por los 27 miembros que integran el pleno de la Diputación -diecisiete del PP, seis del PsdeG-PSOE y cuatro del BNG- supera los 4,3 millones de euros.
Entre los corporativos los hay que hacen declaraciones muy detalladas como, por ejemplo, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez y otros dejan en el aire el valor real y total del patrimonio declarado.
Los diputados provinciales del BNG sustituyeron el modelo de declaración voluntaria pactada en la junta de portavoces de la institución por una "declaración jurada" para acreditar que lo que hacen público se ajusta estrictamente a la verdad ya que en caso contrario incurrirían en responsabilidad penal debido a que tiene carácter de documento público.
En esta declaración los cuatro corporativos del BNG declaran la limpieza de su conducta pública lo que les lleva a enumerar, entre otras cosas, que no tienen cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales, que no cobran sobresueldos o que no se han aprovechado del dinero público. Sin embargo a la hora de especificar sus bienes, obvian en algún caso o enumeran de manera desigual el reparto de los bienes patrimonialescuyo valor estimativo apuntan y aluden a salarios anuales "netos", tras haber descontado impuestos, cotizaciones, aportaciones y donaciones, que cifran en 29.500 euros (César Mosquera), 13.500 euros (Ornela Fernández) y 24.730 euros (Uxío Benítez). Por su parte Iolanda Veloso, que la semana pasada denunció que escuchó a diputados provinciales hablar blanqueo de dinero, no cuantifica sus salarios y señala que los institucionales los entrega al BNG.
