El Valedor do Pobo, José Julio Fernández, alertó ayer que la crisis está haciendo peligrar "derechos sociales" de los ciudadanos y advirtió de la "indefensión" que sufren los gallegos frente a "los abusos de la banca", en alusión tanto a la venta de preferentes como a la problemática de los deshaucios. En este contexto las quejas tramitadas ante esta institución batieron en 2012 su récord histórico, con un total de 2.782 denuncias. El alto comisionado gallego defendió ayer además la legalidad de los escraches. En su opinión, esta forma de protesta encaja dentro de la libertad de expresión. Solo en el caso de que se produjeran de forma repetida contra una misma persona podrían "vulnerar al derecho de intimidad" del afectado.

Los escraches, que ha popularizado la plataforma Stop Deshaucios y que han sido utilizados sobre todo contra cargos y miembros del PP, han sido duramente cuestionados tanto desde las filas populares, como desde el Gobierno y la propia Xunta. El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, los calificó de "acoso" y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, llegó a definirlos como "nazismo puro".

Sin embargo, el Valedor do Pobo concuerda con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, en que si no hay violencia "parecen adecuados a la libertad de expresión". El problema surgiría, en su opinión, si se producen de forma repetida en el tiempo.

"Un escrache que se limite a un día, dos o tres, a una protesta con megáfonos, no veo que sea inconstitucional o desproporcionado a los derechos de la otra parte", aseguró durante la presentación del informe del Valedor do Pobo 2012 que ayer fue entregado a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo.

Según este informe, el pasado año se tramitó el número más alto de quejas de la historia de esta institución, un total de 2.782, de las cuales 36 fueron presentadas de oficio por el Alto Comisionado y el resto impulsadas por los ciudadanos.

La administración que acaparó más denuncias fue la local. El 38 por ciento de las quejas aludían al funcionamiento de los concellos. Se presentaron 1.058 demandas, casi el triple que el año anterior. La razón, sin embargo, está en una ordenanza reguladora de actividades y ocupaciones en la vía pública del Concello de Santiago que motivó una avalancha de quejas por parte de vecinos afectados.

Este hecho convirtió a las corporaciones locales en el área con más demandas. A continuación están las denuncias referidas a servicios sociales (318), que, a pesar de la crisis, cayeron un 37%.

Por el contrario, las preferentes elevaron a 252 las demandas en materia de administración económica y transportes, que se convierte así en la tercera área con más denuncias. También subieron las quejas en materia de emigración y trabajo, medio ambiente y urbanismo y vivienda.

A la Xunta se dirigieron 976 demandas. Una consellería acapara un tercio de estas quejas. Se trata de Traballo e Benestar que, con 273 denuncias, se sitúa a la cabeza frente a lo que sucedió el ejercicio anterior cuando la mayoría de las reclamaciones se centraban en Presidencia, relacionadas con oposiciones y concursos de traslados de empleados públicos, y también en Sanidade.

En cuanto a la colaboración de las administraciones, el Valedor no tuvo que formular "declaración de hostilidad" a ninguna administración por ignorar sus recomendaciones, pero si lanzó hasta cinco advertencias a la Consellería Sanidade para que atendiera sus indicaciones, tres veces a la Consellería de Educación y otras tantas a la de Traballo.