Todos coinciden en que la comercialización de preferentes y subordinadas fue "una estafa", pero los afectados no encontraron ayer en Bruselas la solución a su problema, aún así solidaridad para con su drama. El eurodiputado pontevedrés Francisco Millán Mon, del PP, declaró que el Gobierno de España "no tiene las manos libres" para devolver a los afectados su dinero y recordó que la quita es una imposición de la UE, además de alabar a la Xunta por ser la pionera en poner en marcha el arbitraje.

El diputado socialista Antolín Sánchez Presedo defendió que no se puede culpar a la Comisión Europea de imponer las quitas a los tenedores de preferentes y subordinadas, pues el Gobierno de España "firmó libremente el memorando" que fija el reparto de cargas. En todo caso, apuntó que el Pleno del Parlamento Europeo votará en junio un informe de Competencia, en el que ha logrado introducir una enmienda para que las medidas públicas de compensación a los afectados por prácticas financieras ilegales no tengan la consideración de ayudas de Estado, y así los afectados pudiesen recuperar su dinero.

Por su parte, la eurodiputada del BNG, la viguesa Ana Miranda, exigió una "una respuesta política clara". "La única alternativa es que los afectados recuperen todos sus ahorros, que fueron estafados por el mismo banco que recibió 5.425 millones de euros en ayudas europeas", defendió.

Miranda reprochó al Gobierno de Rajoy, pero también al de Feijóo "la dejación de funciones para dar solución a emigrantes que tras 40 años en Suiza tiene sus ahorros atrapados o niños con su dinero en preferentes sin permiso de sus padres".