"Piensas que es un empleo para toda la vida, pero ya no es así". Esta reflexión de una trabajadora indefinida de un departamento de la Xunta cuya plaza será amortizada este año se lamenta de que vaya a quedarse sin empleo con casi 50 años y pocas perspectivas de integración laboral. Durante el año pasado las administraciones -Gobierno central, Xunta, diputaciones y concellos- redujeron sus plantillas en Galicia en 19.400 empleados, si bien más de la mitad de ellos poseía un contrato indefinido. La crisis y el ajuste impuesto en las arcas públicas ha acabado con esa salvaguarda. De ese tijeretazo, 9.800 puestos eran indefinidos y 9.600 temporales.

A finales del año pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma legal que permitía a las administraciones acometer despidos e incluso ERE's, al tiempo que bloqueó la reposición de las jubilaciones. Las estadísticas apuntan a que la tendencia en el recorte del empleo público, incluso en el fijo, será la del cierre del año pasado. Las administraciones necesitan aligerar costes y ya tienen mecanismos legales que se lo permiten.

La reducción de plantilla fija de empleados públicos en Galicia al cierre del año pasado ha sido el más abultado de los últimos siete años, período durante el cual solo había un antecedente. Fue en 2008, cuando se pasó de los 143.100 empleados indefinidos del ejercicio anterior a 135.700, es decir, una reducción de 7.400, según los datos del cierre del año de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. Este no distingue entre las cifras de cada administración.

La reducción de empleo público se comenzó a notar en Galicia en 2009, si bien ha sido el año pasado cuando se ha percibido un desplome inédito, que ha coincidido con un tijeretazo entre el personal laboral fijo. Los funcionarios de carrera mantienen su plaza; aquellos contratados indefinidos con otra modalidad, no, y entre ellos existen casos de diversos tipos: desde miembros de los grupos de intervención rápida municipal (Grumir) a empleados de la Consellería de Traballo e Benestar que perderán su puesto en el proceso de amortizaciones anunciado hace algo más de un mes. Suprimirá 120 plazas vacantes y despedirá a 19 trabajadores fijos y a 21 interinos.

Dentro de estas políticas se encuentra no solo el caso de la Consellería de Traballo e Benestar. También la de Cultura e Educación seguirá esta senda, pues tiene previsto prescindir este año de 31 puestos, de los que doce están ocupados. Diez de esos trabajadores, con contrato laboral temporal, serán enviados a otros puestos, según el departamento dirigido por Jesús Vázquez. Dos serán despedidos.

El tijeretazo entre los indefinidos destaca en 2012, pues en el personal temporal a nómina del poder público se mantiene desde 2009. Entonces este tipo de contratos ascendían a 51.800 y el año pasado se cerró en 34.200. Porcentualmente, su peso ha ido bajando progresivamente desde el 27,5% de 2008 cada ejercicio: 27,2%, 23,5%, 22,1% y 19,1%, mientras que al mismo tiempo aumentaba el de los indefinidos. Eso sí, este tipo de contratos todavía están lejos de los 134.500 de comienzos de 2005, la cifra más baja de la comunidad según la EPA.