Madrid, Cataluña y Valencia son las comunidades que abrieron la veda para que los alumnos lleven su propia comida en tartera. Las dos primeras cobran a las familias una tasa por portar la fiambrera, incluyendo en el precio el uso de las instalaciones del centro, la nevera, el microondas, la atención de los vigilantes y la limpieza. En el caso de Madrid la tasa es de 3,8 euros (el coste máximo del menú del comedor es de 4,8 euros) y Cataluña aplica un precio de 3 euros, la mitad del precio del plato diario. En Valencia el coste de llevar tartera para las familias es cero y el alcance de la medida ha sido limitado. En colegios madrileños y catalanes sí ha tenido repercusión.

Cataluña. El coste máximo por menú en el comedor en Cataluña es de 6,2 euros y si las familias optan por llevar el 'tupper' tienen que abonar 3 euros, según la Generalitat, para sufragar los costes de compra de neveras, microondas, monitores y limpieza. No obstante, el coste puede variar en función del número de alumnos y las contrataciones que se hagan. Si los padres se encargan del cuidado, los costes son menores. De todos modos, son los consejos escolares de cada centro los que organizan. La Generalitat envió en su momento una circular a los centros en los que obligaba a contar con nevera, microondas y cuidadores para atender a los niños que lleven la comida.

Comunidad de Madrid. El coste por llevar la comida de casa se eleva en la Comunidad de Madrid a 3,8 euros (2,5 por la vigilancia y 1,3 por luz, gas, limpieza y menaje), mientras que el precio del menú en comedor, según los últimos datos publicados, es de 4,8 euros. La medida implantada en esta comunidad en la etapa de Esperanza Aguirre provocó manifestaciones.

Comunidad Valenciana. La comunidad levantina también aprobó su propio reglamento para regular el uso del 'tupper' pero en principio es el propio Gobierno autónomo el que asume los costes, sin aplicar tasa a los alumnos. El precio máximo del menú en Valencia es de 4,25 euros. Las ANPAs hicieron frente a la Administración para intentar impedir el uso de la fiambrera, que ha de ser aprobado por dos tercios del consejo escolar.