13 de marzo de 2013
13.03.2013

El fiscal sostiene que Blanco mantuvo una "intervención decisiva" en favor de Orozco

Los pinchazos son la prueba en que la Fiscalía se basa para acusar al exministro de ahorrarle a Azkar entre 175.000 y 500.000 euros

13.03.2013 | 00:00
El fiscal sostiene que Blanco mantuvo una "intervención decisiva" en favor de Orozco

José Blanco no se separa del teléfono móvil y tiene fama de responder siempre a los mensajes y llamadas. Precisamente el contacto telefónico con uno de sus amigos de la infancia, el empresario José Antonio Orozco, es la clave de la acusación del fiscal Carlos Dolz que investiga en el Tribunal Supremo al exministro por un supuesto delito de tráfico de influencias y, "en su caso, prevaricación". De hecho, indica en su escrito que el empresario hacía conocedor de "proyectos empresariales propios y ajenos" al ministro, cuya intervención fue "decisiva" para desbloquear los proyectos de Azkar y permitirle un ahorro de entre 175.000 euros y 500.000.

Las charlas y sms entre político y empresario demuestran, según la acusación pública, que el vicepresidente de la empresa Azkar recurrió a Blanco ante el bloqueo de la tramitación de una nave industrial en Sant Boi con éxito. En una de las conversaciones interceptadas, Blanco le responde a Orozco: "En 15 días está resuelto lo de Cataluña y el otro tema de Coruña también se resuelve".

Un caso nacido en una gasolinera de Guitiriz. La investigación a José Blanco en el marco de la operación Campeón arranca con la acusación del empresario Jorge Dorribo, en la cárcel como presunto cerebro de una trama para captar subvenciones públicas, de haber pagado 200.000 euros a Blanco, que lo habría recibido en su coche oficial en un área de servicio de Guitiriz. La investigación no halló pruebas de ese pago, negado por Blanco, que declaró ante el Supremo de manera voluntaria, y su primo Manuel Bran, supuestamente testigo de la operación. La Unidad de Delitos Fiscales y Blanco de Capitales sí detectó la retirada de esos fondos por parte de Dorribo para hacer frente a deudas de sus empresas en Andorra.

El conflicto para lograr una licencia. La investigación se centra ahora en el presunto tráfico de influencias de Blanco en favor de Orozco. El caso arranca en 2010, cuando el vicepresidente y consejero delegado de Azkar solicita licencia para la construcción de una nave industrial de 14.600 metros cuadrados. El ayuntamiento de El Prat concede el permiso. El de Sant Boi, no. Las reformas necesarias para adaptarse a las normativa local supondrían un coste de entre 175.000 y 500.000 euros, según el fiscal. Los técnicos alegan deficiencias en el proyecto, que no respeta las protecciones ante posibles incendios y condiciones sobre el aparcamiento. Dos requerimientos municipales rechazan las alegaciones de la empresa. Ahí entra en acción la conexión Blanco-Orozco. Este anuncia a un tal Antonio vía telefónica: "Voy a llamar a Pepe Blanco a ver si manda algo allí, o allí van por libre o cómo carallo hacen". El 7 de marzo el ayuntamiento de Sant Boi, gobernado por el PSC, concede la licencia a Azkar, algo que "de no haber sido por la intervención decisiva de Blanco no se habría producido", según infiere el fiscal tras analizar los pinchazos policiales.

Las frases reveladoras para la acusación. Durante la investigación, el técnico municipal de Sant Boi que primero anuló la licencia a Azkar y luego la autorizó aseguró que su cambio de opinión se debía a cambios en el proyecto, que el fiscal considera solo "de nomenclatura", al cambiar el permiso para nave por el de "agencia de transporte y almacén". En febrero, sin embargo, Orozco pide a Blanco información sobre la resolución del caso, que también requería después permisos de AENA y la Agencia de Seguridad Aérea por estar cerca del aeropuerto del Prat. "En 15 días está resuelto lo de Cataluña y el otro tema de Coruña también se resuelve", le dice el exministro, en alusión también a la expropiación de una empresa cercana a la terminal coruñesa. El fiscal sostiene que el exministro usó al exsecretario de Transportes, Isaías Táboas, para mediar. El propio Orozco se jacta de sus contactos, a los que recurre para entrevistarse con el alcalde de Sant Boi y lograr permiso para una nave que tenía previsto generar 400 empleos. "Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país", le dice a una persona desconocida. Tras el cruce de llamadas y gestiones, Azkar logra los permisos -tanto permiso ambiental como licencia de obras- y Orozco lo agradece. "Acaban de darnos la licencia en Sant Boi. Muchas gracias por todo", le escribe vía sms al ministro.

Dificultades para probar la acusación. El proceso contra Blanco amenaza con provocar su dimisión como diputado y ensombrece su futuro político, pero su carga, en caso de ser procesado por tráfico de influencias, es menor que la de cohecho por haber recibido un soborno de 200.000 euros que no se ha podido probar. Además la Fiscalía, según publicó ayer El Mundo, reconoce las dificultades para probar la comisión del primer delito, el de tráfico de influencias, el que finalmente le imputa, pues debe "superar el reproche ético" para poder demostrar que una gestión concreta de Blanco modificó trámites legales para favorecer a Azkar. El exministro sostiene que solo se interesó por el caso ante la envergadura del proyecto, sin "presionar a nadie". La decisión sobre enterrar el caso Blanco o situarlo en el banquillo depende ahora del juez José Ramón Soriano, que instruye el caso en el Supremo.

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