En pleno siglo XXI, las gallegas en el exterior no tienen los mismos derechos que los hombres. Hace décadas hicieron las maletas por los mismos motivos que ellos -huir de la hambruna de sus aldeas en busca de un futuro mejor para su familia-, sin embargo hoy se ven discriminadas por razón de sexo. La Xunta se propone poner fin al papel secundario de la mujer en la emigración y darle voz y voto en las juntas directivas de los centros gallegos en el exterior a través de la Lei de Galeguidade. En el proyecto de ley, cuyo borrador pasó el pasado mes de enero por el Consello de la Xunta, el Ejecutivo autonómico apuesta por "promover la participación efectiva de la mujer en la vida asociativa de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia". En concreto, alude a su participación en los órganos de dirección de los centros gallegos primando en la ayudas a aquellos abran sus ejecutivas a las mujeres.
En la actualidad, los obsoletos estatutos de parte de las entidades gallegas en el exterior, especialmente en las de Sudamérica, relegan a la mujer a un papel secundario. No en pocos centros las mujeres no pueden votar en las elecciones internas ni siquiera ser socias de pleno derecho y mucho menos presentarse como candidatas a la junta directiva. Detrás de este anacronismo están unos estatutos de más de medio siglo que no se han actualizado.
La Xunta aprovechará la reforma de la Lei de Galeguidade, la actual data de junio de 1983, para corregir esta situación. "Queremos incrementar la presencia de la mujer y resolver los obstáculos hasta garantizar una igualdad plena. En el proyecto de ley recogemos que se incentivará este objetivo primando las ayudas a aquellos centros y entidades que garanticen un papel más activo de sus asociadas", explica el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. Tras reconocer que la situación de la mujer emigrante "es muy distinta según los países", el responsable de Emigración en al Xunta destaca que "en líneas generales" la mujer ha ganado visibilidad en los últimos años, y como ejemplo pone algunas entidades de País Vasco, Suiza, e incluso de algunos centros en Argentina.
Otro de los puntos clave de la futura Lei de Galeguidade promovida por la Xunta es la apuesta por la fusión de los centros gallegos para garantizar su supervivencia. Y es que en la actualidad son cerca de 500 entidades las que atienden a los casi 405.000 emigrantes gallegos repartidos por más de cien países, la mayoría en Iberoamérica. La cifra de gallegos que hace las maletas aumenta año tras año. Desde que inició la crisis en 2008, el número de gallegos inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se disparó un 25%. Con el objetivo de ahorrar y mejorar los servicios que se prestan a la diáspora, la Xunta urgen la fusión de los centros gallegos en exterior ya que la reducción del número de socios y su avanzada edad abocarán al cierre de entidades "en breve y medio plazo", según recoge el proyecto de Lei de Galeguidade. Ya en febrero del año pasado, la Secretaría Xeral de Emigración reconocía a este periódico que resulta "inevitable" esta cooperación y coordinación entre las comunidades gallegas en el exterior.
