El alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, (PP), fue sancionado por la Agencia Tributaria en octubre de 2012 por una infracción grave derivada de la ocultación de ingresos sujetos a IRPF por importe de 208.068 euros entre 2007 y 2010, por lo que tendría que haber pago en el Tesoro Público 44.406 euros. Esta deuda que el propio regidor calificó ayer de "pequeño desequilibrio" generó una multa de 21.995 euros que, ante la conformidad del sancionado, se benefició de una reducción del 30%, por lo que el regidor pagó finalmente 16.000 euros.

La Agencia Tributaria inspeccionó los bienes personales y empresariales del alcalde a partir de una denuncia anónima presentada en agosto en la Fiscalía Anticorrupción que quedó archivada, pero que puso de relieve un extenso patrimonio con más de sesenta propiedades, entre fincas y viviendas, y una inmobiliaria en Matosinhos (Portugal), Alba María-Sociedade Promotora de Bens Inmoveis, sin empleados y que en 2011 declaró 34.880 euros en ventas y servicios, pero unos activos de 804.593 euros.

A la vista de estos datos, el PSOE de Barbadás solicitó un pleno extraordinario el lunes para que el regidor aclarase su patrimonio y Freire Couto tardó menos de 24 horas en convocarlo. Se celebró ayer a las 19 horas en un salón abarrotado de vecinos conformes con su gestión, así como alcaldes y cargos orgánicos del PP, como Rosendo Fernández, que además de vicepresidente de la Diputación es secretario provincial del partido. Freire Couto fue la mano derecha del exbarón "popular" José Luis Baltar y además de su fecunda actividad empresarial es presidente del Inorde, donde percibe 53.000 euros anuales por su dedicación exclusiva.

Entre 2007 y 2010, período investigado por Hacienda, Freire Couto declaró 641.503 euros de ingresos procedentes de su actividad pública y privada a través de Alba María y el psicotécnico Piscobluster. Contó a la oposición y a sus vecinos que lo jalearon en repetidas ocasiones que no tenía nada que ocultar salvo la "pequeña sanción" y que de haber algo la Audiencia Nacional le habría investigado. En todo caso, apuntó que le han requerido los datos de 2012, aunque "declaré una miseria".

Los portavoces el BNG y PSOE, abucheados por los vecinos e interrumpidos constantemente por el propio alcalde, pidieron su dimisión, pero sin éxito.