En la propia resolución que dictó el pasado 26 de diciembre con la operación acordeón en el capital de Novagalicia para absorber las "enormes" pérdidas estimadas y la inyección simultánea de los 5.425 millones de euros a cargo de los fondos europeos, el FROB ya advirtió que su actuación estaba plenamente respaldada por la normativa que recoge su funcionamiento y que no había otro camino posible. Y en eso profundiza en su argumentario para desestimar los recursos presentados por los antiguos accionistas del banco contra la reducción a cero de su participación y a los que FARO ha tenido acceso. Los empresarios reprochan la falta de detalles sobre el proceso y la anulación del derecho de suscripción preferente entre los socios, lo habitual cuando una empresa se abre a captar nuevos fondos. Pero el organismo controlado por el Banco de España y el Ministerio de Economía les recuerda "la urgencia" impuesta para cumplir con las autoridades comunitarias y la delicada situación de NCG, calificada por el mismo FROB y el plan de resolución aprobado por la Comisión de la Competencia como "entidad inviable".

Con los -3.091 millones de euros de valoración negativa que alcanzó el banco según la due diligence elaborada por PricewaterhouseCoopers y los tres informes de Barclays, HSBC y Ernst&Young, y los 13.079 millones que costaría su liquidación, el FROB señala que existían "presupuestos fácticos" que determinaban la calificación de NCG como "entidad inviable". A eso se añade la "urgencia invocada" por Bruselas y que "resulta indiscutible" para recapitalizar NCG antes del 31 de diciembre.

"Las dos valoraciones, la económica y la liquidativa de la entidad, ambas claramente negativas, evidencian por un lado que en un escenario de insolvencia, ineludible sin apoyos públicos y ante la imposibilidad de capital en los mercados, los accionistas no hubieran recuperado nada de su inversión", apunta la cúpula del organismo en un reciente desestimiento a uno de los antiguos socios. "Y por otro -continúa- que la entrada del FROB debía serlo tomando el 100% del capital".

De ahí que el fondo arremeta contra la acusación de que hay "naturaleza expropiatoria" en su decisión. "No existe expropiación -defiende- sino una expulsión de los accionistas anteriores derivada de la aplicación de las medidas de resolución". Porque, asegura, dadas "las abultadas pérdidas esperadas y la necesidad de una importante cifra de capital", los títulos tenían "ningún valor". Incluidos los del propio FROB, "el que ha asumido en mayor medida los costes de resolución", como recuerda, tras dejarse en la operación 1.162 millones del respaldo a la fusión y los 2.400 de la primera nacionalización.

Interés público

"No estamos en presencia de una actuación de carácter mercantil dentro de desenvolvimiento de la actividad ordinaria de una entidad de crédito que permita respeto a plazo de convocatoria de Junta o derechos de suscripción preferente, sino de la actividad de una autoridad de resolución ante la situación de inviabilidad de una entidad, necesaria para inyectar el capital esencial para el cumplimiento de los requisitos de solvencia", subraya. El interés "individual y social" queda "subordinado" "al interés público y la estabilidad financiera".

Estas resoluciones del FROB agotan la vía administrativa, una de las garantías, señala, que tienen los perjudicados para defender sus derechos. Al igual que recurrir ahora a la Audiencia Nacional, la opción que se les abre.