El reconocimiento explícito, y público, por parte de la Consellería de Economía del impacto que el fin de las primas a las renovables y el recorte en el cálculo de su actualización supone para el sector en general y la eólica en particular, una de las referencias industriales en la comunidad, ejemplifica probablemente mejor que ninguna otra crítica la delicada situación en la que quedan los productores de las energías limpias. El departamento que dirige Francisco Conde insta en sus alegaciones a la orden impulsada por el Ministerio de Industria a incrementar la remuneración "para garantizar la viabilidad" del negocio. Aunque no son pocos los promotores que reprochan a la Administración gallega "que hable con la boca pequeña", lo cierto es que ésta es la primera vez que desde San Caetano evidencian abiertamente su malestar con José Manuel Soria en el nuevo escenario y asumen que el negocio está en peligro. La gota que colma el vaso para la eólica gallega. "Estamos agonizando", coinciden en las empresas.
Esta próxima semana, la patronal eólica gallega, EGA, participa en el cónclave de todas las organizaciones empresariales vinculadas al viento en España y que están bajo el paraguas de AEE, dispuesta a llevar a los tribunales la "inseguridad jurídica" de este cambio de reglas repentino. Los parques eólicos absorben una elevadísima inversión. Solo el precio de un aerogenerador ronda en estos momentos los 900.000 euros por cada megavatio (MW). Por lo que los préstamos para un proyecto son también cuantiosos y el plan de negocio contempla amortizaciones a muy largo plazo.
"La carga impositiva ahora mismo se lleva un mínimo del 25% de toda la facturación de un parque", cuentan desde una de las principales empresas del sector en Galicia. Una cuarta parte, pues, de los ingresos, con la suma del gravamen del 7% de la producción que el Ministerio de Industria aplica desde finales del pasado año para atajar el déficit de tarifa -la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que el sistema recauda-, el IBI especial y Actividades Económicas, y en el caso de Galicia, el polémico canon eólico. "Hay muchos casos, sobre todo en las instalaciones más viejas -explica otro promotor- que el canon, que conocemos como impuesto feudal, absorbe un 20% de la facturación".
Y a más pagos que restar en la explotación del negocio, aún tocada por la rebaja del 35% de las primas previa a su desaparición, menor rentabilidad. Incluso en los recintos implantados en la región, de las mejores el número de horas de viento y que es el arma que tanto el sector como la Xunta enarbolan para justificar que el desarrollo de la actividad en España "no se entendería sin apostar por Galicia". "La caída del margen del negocio es brutal", apunta un promotor, entre los ganadores del concurso. Hasta el punto de que Íñigo Muniozguren, secretario general de EGA, advertía la pasada semana, justo tras conocerse la supresión de primas en el mercado y el nuevo cálculo para revisar los pagos, que "muchos parques" podrían acabar "en manos de las entidades financieras" ante la imposibilidad de afrontar los créditos.
Todo lo ocurrido en las últimas semanas no solo deja en el aire la continuidad del concurso eólico gallego, con el que la Xunta preveía alcanzar 6.500 MW autorizados en 2012. "Es que lo que ya está en peligro es lo que funciona hoy", aseguran en el sector. "Hablar del concurso -ironizan entre los promotores- hasta me parece una frivolidad". Pero si una parte de los parques actuales pueden estar "en la UCI", como se quejan, los futuros son "una entelequia".
Primero, y sería una razón suficiente por sí sola, porque el sistema no los necesita. Lo ha dicho el ministro de Industria por activa y por pasiva para frenar el enganche de nuevas plantas. El abastecimiento eléctrico en España está más que asegurado, con un colchón inédito en los últimos años, ante la caída en picado de la demanda de industrias y hogares por la crisis. Antes de la vuelta a la recesión, Red Eléctrica de España (REE) estimaba que el consumo previsto para 2016, la primera fecha que la Xunta dio para la puesta en marcha de la totalidad de los 2.325 MW repartidos, no se logrará hasta 2020.
Lo segundo, que con el golpe a los números, la viabilidad de muchos parques autorizados queda cuestionada. De hecho, en su anuncio de las alegaciones, la propia consellería insistía en que Industria debe lograr "un equilibrio" entre su lucha contra el déficit de tarifa "y su repercusión en el marco de desarrollo de las energías renovables". "La Xunta solicita un incremento específico en las tarifas para instalaciones eólicas, de biomasa y cogeneración (las medidas afectan a todo el régimen especial) que facilite unas tasas de rentabilidad razonables, tal y como dispone la Ley del sector eléctrico", añade.
Más reuniones por el ITP
Por si fueran pocos los frentes abiertos, Economía tiene el suyo propio con el sector a raíz de la implantación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los parques. Como si se trataran de concesiones administrativas. En plena campaña electoral, Feijóo se sentó con los promotores para analizar la situación, con el compromiso de Facenda de que miraría la opción de los ganadores del concurso de renunciar sin coste a los permisos si finalmente el Tribunal Económico-Administrativo Central avalaba la imposición de la tasa, y el del anterior conselleiro de Economía de establecer el valor de esa transmisión. Las primeras liquidaciones se realizaron por el conjunto de la inversión, lo que suponen unos 40.000 euros por MW.
Ambas partes le han dado vueltas desde entonces, con las últimas reuniones hace apenas un par de semanas. Y continuos desencuentros. Incluso entre los dos departamentos autonómicos. Facenda habla de la posibilidad de rebajar del 4% al 2% el tipo impositivo, lo que, según el sector, no satisface a "absolutamente nadie".
