Contratos de tres meses, a dedo, sin informes ni publicidad, a "pura discrecionalidad" de José Luis Baltar. El expresidente de la Diputación de Ourense, en primera línea hasta que hace un año activó el relevo de la administración ourensana a manos de su hijo, "conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación y quería de manera directa que fuesen unas personas, y no otras, la que ocuparan los puestos, haciendo pasar por inaplazables y necesarias las contrataciones bajo su consideración". Así construye uno de los principales pilares de su querella por presunta prevaricación continuada del exbarón el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso. Baltar elaboró ocho decretos "de su puño y letra" en los que "el único criterio de contratación fue un mero acto arbitrario de designación".

Los 104 contratos que investiga el juez de Instrucción Número Uno de Ourense se formalizaron entre enero y marzo de 2010, justo antes y después del congreso del PP de Ourense en el que el hijo tomó el relevo al padre derrotando la opción defendida por la dirección regional. Según los datos de "enchufes" que el PSdeG recabó en su día elevando a 400 el número de personas afines al baltarismo que han tenido vinculación laboral con la Diputación, más la relación de contratados reconocida por el ente y las fechas de alta que aparecen en la querella, al menos una treintena de estos empleados "a dedo" son cargos del PP, tanto concejales como integrantes de las listas, o en otros casos familiares directos: hijos y hermanos mayoritariamente.

En la administración han entrado incluso familiares directos del exbarón. Su sobrino Carlos González Blanco se alzó con una plaza de chófer en el verano de 2011 tras obtener las máximas notas en los tres exámenes.

Dentro del periodo investigado por el juez, recibieron un puesto de trabajo tempora un nieto de un cargo del PP en Entrimo, un sobrino de un concejal en Parada do Sil, dos hijos de una edil de Castro Caldelas, concejales de A Teixeira, Verea, Entrimo, Piñor de Cea, Baños de Molgas y Castrelo de Miño, candidatos por el PP Ourense, Cualedro, Castro Caldelas, Rairiz de Veiga y Maceda y hasta el hijo de un tránsfuga en Castro Caldelas.

El proceso supuestamente irregular de "enchufes" fue el resultado sin más amparo -según el fiscal-, que de informes de necesidad genéricos o detallados de jefes de servicio como la exnuera del exbarón, y en una veintena de casos que de un mero escrito firmado por Baltar para dotar puestos de albañil, chófer o peón para concellos rurales considerados "urgentes e inaplazables". Para estos trabajo consiguieron contrato una hermana de un candidato del PP en Cartelle, concejales de O Carballiño, Sandiás, O Barco y Baños de Molgas o candidatos en Ribadavia, Coles y Riós.

Catorce personas dadas de alta por Baltar en el proceso que el juez investiga actuaron como compromisarios con derecho a voto en el cónclave provincial que aupó al poder a José Manuel Baltar Blanco frente al candidato de la dirección regional, el alcalde de Verín Juan Manuel Jiménez Morán, a quien el exbarón ourensano tildó de "traidor".