Un encierro disuelto pacíficamente ha puesto fin a la reunión entre representantes sindicales y el director xeral de la Función Pública, José María Barreiro Fernández, en la que se han dado a conocer los planes en materia de empleo público de la Xunta de Galicia.

En el Aula Manuel Colmeiro, de la EGAP, tal y como ha explicado a los informadores Xosé Vázquez, secretario xeral de Función Pública de UGT, tanto esta como las otras plataformas -CIG, CCOO y CSIF- exigieron a Barreiro Fernández, formando una cadena humana, la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que diese la cara y retirase lo que consideran recortes "injustos".

"La puerta estaba cerrada con gente, vino la Policía, nos desalojó y salimos pacíficamente", ha añadido, acerca de este acto de protesta que únicamente se prolongó por espacio de unos minutos y que se produjo cerca de las tres de la tarde, aproximadamente hora y media después de que se reuniese la Mesa de Función Pública convocada para hoy.

La continuidad en los ajustes salariales que pesan sobre este colectivo desde 2010 ha provocado, asimismo, una concentración de más de 200 funcionarios de la Administración autonómica a las puertas del edificio de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

"Manos arriba, esto es un atraco", "Feijóo falso", "Atracadores", "Fascistas", "Ilegalizar al Partido Popular" o "Dimisión", fueron las consignas más repetidas, alternadas con pitos, bocinas y botes de humo. El incidente más destacable se produjo con una persona que burló el cordón policial.

Culminada la mesa de negociación, Vázquez (UGT) manifestó a la salida que la Xunta ha tomado a los funcionarios como "los chivos expiatorios de la crisis" y, por ello, ha anunciado movilizaciones "democráticas y pacíficas" contra estos ataques "que no pueden ocurrir en el siglo XXI, en el que estamos".

Bajo su juicio, estas medidas afectan a la calidad de los servicios públicos, "cada vez más deficientes y de peor calidad".

Ramiro Otero, responsable de Función Pública en Comisiones Obreras, ha afirmado que "no nos podemos quedar quietos" y ha insistido en que "ganar las elecciones", en alusión a la amplia mayoría del PP el pasado octubre, "no significa llevar la pobreza a la gente".

Al igual que Vázquez, ha reflejado la necesidad de "medidas contundentes que tenemos que llevar a cabo", porque aquí se habla de "pérdida", pero no en el caso de los "banqueros" que sí se benefician de las políticas del PP.

Carmen López Santamariña, coordinadora de área pública de la CIG, ha calificado la política de la Xunta en empleo público de "insulto". "Hay que tener cara dura y desfachatez para insultarnos de esta manera", dijo.

A su criterio, con el "tijeretazo" lo que está en juego no es solamente la pérdida de poder adquisitivo, sino la desaparición de los servicios públicos. "Es un ataque de una manera desproporcionada, no podemos permitir estas tomaduras de pelo", ha enfatizado.

Respecto al encierro, ha indicado que "ha sido unánime y en contra de todos estos actos", al tiempo que, al igual que sus compañeros, entre los que también estaba José Francisco Sánchez Brunete, del CSIF, aludió a la necesidad de "acciones continuadas".

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, tras su encuentro en la sede de la Xunta en San Caetano con sindicatos y la patronal de los empresarios para avanzar en los presupuestos de la Xunta para 2013, ha comentado respecto a estos incidentes que "los funcionarios están en su derecho de reivindicar lo que consideren oportuno siempre dentro del máximo respeto, que es el que todos debemos de mantener".

Además, ha confesado comprender su situación, así como el esfuerzo "muy importante" desarrollado por estos empleados públicos a lo largo de los últimos años.

También ha agregado que, en este contexto de "esfuerzo", para el año que viene esta Administración autonómica, "gracias a haber tomado ciertas medidas, puede estar en condiciones de decirles" que en el año 2013 van a cobrar más que en 2012.