Con lentitud y parsimonia, y mediante un complejo y vacilante proceso decisorio acorde con la coexistencia de intereses contrapuestos y antagónicos en su seno, la Unión Europea sigue dando pasos para completar su estructura institucional deficiente y superar las carencias fundacionales del área monetaria, cuyas lagunas se han puesto de manifiesto con toda crudeza durante la crisis.

La aprobación en la madrugada del jueves del supervisor único bancario, también llamado Mecanismo Único de Supervisión (MUS), es un hito, pero apenas un avance muy parcial para la unión e integración bancaria y financiera, que es la finalidad última. Porque no entrará en vigor hasta el 1 de marzo de 2014 y porque no desplegará toda su eficacia y virtualidad hasta que no se constituyan otros dos elementos consustanciales a la cohesión financiera: un fondo de garantía de depósitos y otro de reestructuración y resolución bancarias con ámbitos también europeos.

Esta estrategia que ahora los 27 parecen haber tomado en serio tiene cuatro finalidades. Una es dotar al euro de algunos de los mecanismos que le son inherentes a las áreas monetarias óptimas. La segunda, establecer una de las condiciones -no suficiente pero sí necesaria- para que algún día Europa pueda mutualizar sus riesgos soberanos con la emisión de eurobonos y disipar así la perniciosa divergencia de primas de riesgo en el seno de una misma moneda. La tercera, quebrar la diabólica retroalimentación que viene produciéndose desde enero de 2010 entre las tensiones bancarias y la prima de riesgo de cada país y entre las deudas privada y pública existentes en cada economía nacional, en una suerte de espiral envolvente de contagio mutuo. Y la cuarta, superar una de las anomalías más notables en esta ya doble recesión: estamos en presencia de la primera crisis financiera a la que Europa ha tenido que hacer frente sin que la política monetaria (en poder del BCE) y la disciplina y supervisión bancarias (responsabilidad aún hoy de los bancos centrales nacionales) hayan estado en las mismas manos.

En realidad esta última singularidad va a seguir perdurando de forma al menos parcial porque Alemania ha hecho valer su poderío decisorio para imponer cuatro vetos a las pretensiones iniciales del frente latino, liderado por Francia, Italia y España y, sobre todo de Italia y España, que son los países más precisados de que se levanten cortafuegos que cercenen la vorágine especulativa sobre sus bonos soberanos.

Uno de esos vetos es que el supervisor único (dependiente del BCE) limite la vigilancia y el ejercicio de la disciplina bancaria a tres tipos de entidades: las que tengan más de 30.000 millones de euros en activos, las que representen un volumen de negocio equivalente al 20% del PIB de su país de origen y las transfronterizas o supranacionales. De este modo, el MUS sólo tendrá encomendada la inspección y supervisión de apenas 200 entidades sobre un total de más de 6.000 existentes en el área del euro, aunque podrá reclamarla sobre cualquiera otra considerada potencialmente peligrosa y dictar orientaciones a los inspectores de los bancos centrales nacionales.

La segunda imposición alemana fue que en el seno del BCE sus dos misiones, la monetaria y ahora la inspectora, estén deslindadas.

La tercera demanda de Berlín fue que el MUS demore su entrada en servicio hasta el 1 de marzo de 2014 y que, por consiguiente, también se aplace hasta entonces la posibilidad de que la ayuda a los bancos de un país por parte del mecanismo europeo de rescate pueda ser directa y no contabilice como un endeudamiento adicional del Estado respectivo, lo que sí va a ocurrir con los 41.000 millones destinados a los bancos y antiguas cajas españoles.

Con ambos movimientos, Alemania logra que sean los contribuyentes españoles quienes paguen las pérdidas que pueda generar esa inyección de recursos y que no sean los europeos los que asuman la factura, lo que, de ocurrir, haría recaer el grueso del coste sobre los ciudadanos alemanes. Y, a la vez, la canciller germana, Angela Merkel, materializa otra cautela: mientras el 90% del sistema financiero español pasará a ser vigilado por el BCE desde Fráncfort, buena parte del sistema financiero alemán seguirá bajo control del Bundesbank, el banco central germano. Y, en concreto, 425 de las 426 cajas de ahorros alemanas (las sparkassen), sobre cuya solvencia existen muchas dudas.

Estas sospechas se acrecentaron cuando en las sucesivas pruebas de esfuerzo realizadas al sector financiero europeo desde julio de 2010, España sometió a examen al 90% de su sistema bancario mientras que Alemania se negó a una analítica completa de mercado crediticio y la redujo a una muestra escueta de entidades. Y ningún país europeo -tampoco Alemania- ha sometido a sus bancos y cajas a la dureza y elevados requerimientos de capital que de forma discriminatoria se impusieron a las entidades españolas en la auditoría que llevó a cabo este año Oliver Wyman por encargo de la Comisión Europea.

En el sector financiero español existen voces que temen que España pagará su reestructuración bancaria -todos los contribuyentes responden del crédito europeo de 41.000 millones-, mientras que si a partir del 1 de marzo de 2014 hubiera que hacer lo mismo con las controvertidas cajas alemanas o con cualesquiera otras entidades de la zona europea, todos los europeos, incluidos los españoles, compartirán el coste.

El nuevo papel de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), es la cuarta exigencia alemana. La EBA, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, parecía la candidata a asumir la supervisión, pero eso hubiera prolongado el desdoblamiento de funciones entre quien diseña la política monetaria (BCE) y quien impone la disciplina bancaria. Además la EBA tiene su sede en Londres, cuyo país forma parte de la UE pero no del euro, y donde además existe, vinculada a la City, una poderosa industria financiera que trata de frenar cualquier endurecimiento de las normas regulatorias continentales. Por añadidura, Alemania desconfió del rigor de la EBA después de que algunas entidades -también españolas- afloraran dificultades pese a haber aprobado las pruebas de esfuerzo que en 2011 había coordinado el organismo londinense.

Ahora Alemania se lleva la supervisión a Fráncfort y la EBA se limitará a definir los estándares técnicos para la supervisión bancaria de la UE.

Aunque Europa se resiste a ser germanizada, Alemania, como mayor contribuyente del área, sigue poniendo sus condiciones.