El juez José Antonio Vázquez Taín, que instruye la causa contra nueve controladores del aeropuerto de Santiago por presunto abandono de su puesto durante el conflicto de noviembre de 2010 que acabó con el cierre del espacio aéreo español entre el 3 y 4 de diciembre y la militarización de los aeropuertos, no salía de su asombro en el interrogatorio que la semana pasada le practicó al que por entonces era jefe de división de Navegación Aérea en el aeropuerto de Lavacolla, Pedro Garea. El motivo de su desconcierto eran los turnos de trabajo de los controladores organizados por los gestores de Aena, que incluían a trabajadores de baja laboral o de permiso. "No entiendo", "es que no me entra en la cabeza", "¿esto es todo para echar al público encima de los controladores y montar un revuelo", fueron algunas de las expresiones manifestadas por el juez ante las respuestas de Pedro Garea.

El conflicto arranca cuando los controladores comunican a Aena en noviembre que muchos de ellos estaban a punto de agotar el máximo de horas por año que les permite la ley, por lo que se corría el riesgo de que Aena se quedase sin horas para poder acabar el año. En el caso de Galicia, "ocho o diez" controladores, según aseguró Garea el juez, "estaban a punto de o cerca de sobrepasar el límite de horas", por lo que aún quedaban veinte disponibles.

Sin embargo, en uno de los turnos, de cinco controladores, se incluye a tres que de antemano ya se sabía que no podrían acudir. "Cómo se puede hacer un turno de trabajo en donde de cinto controladores tres ya se sabe que no van a venir", inquiere Taín a Pedro Garea. "No entiendo cómo es que ustedes a los que están de baja, de permiso, muertos, jubilados, nos los quitan del cuadrante. Es que no me entra en la cabeza", se sorprendía el juez.

"Es como si uno llega a urgencias en un hospital y le dicen que el médico de urgencias hoy ya sabemos que no está pero que lo pusimos porque tenemos problemas, pero que no se preocupe y espere a que entre en el próximo turno un médico que no esté por de baja por enfermedad ni de permiso por maternidad", le suelta.

El conflicto llegó a su máximo nivel entre el 3 y el 4 de diciembre, cuando por la falta de controladores, Fomento decretó el cierre del tráfico aéreo en toda España y su posterior militarización para garantizar el servicio. Sin embargo, antes de conocer el alcance de los puestos que iban a quedar sin cubrir y del caos, Garea, según contó al juez, recibió una llamada de Madrid donde se le decía que no se preocupara. "Un superior me dijo, nada, tú tranquilo que ya mañana somos militares", contó a Vázquez Taín.