El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha manifestado hoy, en declaraciones a Efeagro, su "indignación" por la decisión del Parlamento Europeo (PE) de acabar con las excepciones que permiten cortar a bordo de los barcos las aletas de tiburones.

La decisión, según Cepesca, provocará daños económicos a 183 barcos palangreros españoles y portugueses, amenaza al empleo de sus 2.700 tripulantes y causará pérdidas cifradas en 9 millones de euros o en 22.000 euros por barco, que podrían elevarse a 14 millones si se tiene en cuanta la pérdida de calidad.

Cepesca ha reaccionado así, en un comunicado, al dictamen de la Eurocámara, que apoyó las propuestas de Bruselas para poner fin a esas excepciones, con el objetivo de evitar el llamado "cercenamiento" o "finning" -prohibido en la Unión Europea (UE)-, que consiste en cortar y aprovechar solo las aletas y tirar el resto del cuerpo.

Garat ha manifestado que con esa medida "Bruselas sacrifica a un blanco fácil, su flota, que no practica el finning" y no evitará que lo sigan practicando el resto de los pescadores del mundo, responsables del 93 % de las capturas de tiburones.

Cepesca ha lamentado el voto "forzado" de la Eurocámara, bajo la "presión mafiosa" de las organizaciones ecologistas y ha criticado especialmente la "traición" a los pescadores de varios eurodiputados españoles socialistas, por su respaldo a las ideas de la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, por ponerse la "medalla verde".

"Hoy ganan la comisaria y los ecologistas, pierden los tiburones y los pescadores comunitarios", según Garat.

Cepesca ha lamentado que sea condenada la flota comunitaria, "pese a que hay constancia de que no realizan finning".

Los armadores querían mantener los permisos de cortar las aletas a bordo por razones económicas, como la ocupación de espacio en las bodegas o las "pérdidas" que acarrea llevar obligatoriamente a puerto los cuerpos de los tiburones con las aletas pegadas, para sesgarlas tras su desembarco.

Según Garat, esta obligación implicará problemas de mano de obra e incluso sanitarios, porque se puede "romper la cadena de frío" al tener que descongelar los tiburones para ese corte en el puerto.

Cepesca ha remarcado que la flota española no desecha los tiburones y aprovecha íntegramente las 57.000 toneladas de tiburón que captura anualmente -de especies como el cazón o tintorera- apenas el 7 % de las 800.000 toneladas mundiales.

Otro problema que causará esta decisión, según Garat, es el desplazamiento de la flota dedicada a capturar tiburones hacia la extracción de pez espada, lo que contribuirá a la sobreexplotación de este último recurso.

Cepesca ha insistido en la "nula defensa de los intereses del sector pesquero por parte de la comisaria, que sacrifica su flota, la más sostenible, mientras que permite que nuestros mercados se alimenten de productos capturados por flotas de países terceros con estándares muy lejanos al modelo comunitario", según la nota.