Miguel Argones, representante del sindicato de la banca Csica en el consejo de administración de Novacaixagalicia, ha afirmado este jueves en la Audiencia Nacional que no vio necesario consultar la documentación relacionada con las prejubilaciones millonarias que cobraron algunos de los directivos de esta entidad antes de aprobar los contratos porque los documentos habían sido supervisados por la Xunta y por el Banco de España.
Argones ha comparecido como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la presunta ilegalidad de las compensaciones y que le ha preguntado por su nivel de conocimiento de los contratos durante la reunión del Consejo de Administración que los ratificó, celebrado el 1 de diciembre de 2010.
Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Europa Press, Argones ha admitido que no se opuso a la ratificación de los contratos si bien no consultó la documentación sobre los mismos porque no dudaba de su legalidad, al haber sido supervisados por organismos reguladores y por la propia Xunta de Galicia. Se trataría de la primera ocasión en la que un testigo cita al Ejecutivo gallego en relación con este asunto, según las mismas fuentes.
Argones sí se opuso, sin embargo, a la provisión de fondos que hubo que realizar para poder pagar las compensaciones. Ha explicado que lo hizo porque no conocía la cuantía de dicha provisión, si bien tampoco la consultó.
El martes el representante de CC.OO. en el consejo , José Luis Regueiro, afirmó que él fue el único que votó en contra de las prejubilaciones porque desconocía la documentación e incluso la cuantía de dichas compensaciones, que no se desveló hasta casi un año más tarde.
Más adelante, en agosto de 2011, además de Regueiro otros dos consejeros votaron en contra de las cantidades que hubo que aprovisionar para pagar las compensaciones. Se trata de José Luis Veiga, que declaró el miércoles, y de Miguel Argones, de Csica, que lo ha hecho este jueves. Mañana comparecerá también como testigo el presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano.
La Xunta replica que "no tenía" competencias
El Ejecutivo autonómico ha salido al paso de las declaraciones de Argones filtradas a la prensa para recordar que "no tenía competencias para supervisar las indemnizaciones de los exdirectivos de Novacaixagalicia". Así, en un comunicado emitido esta misma tarde, la Xunta mantiene que "siempre defendió que las cuantías cobradas de forma indebida por estos exdirectivos debería revertir a la entidad financiera". Del mismo modo, explica, fue el presidente de la Xunta "quien instó por escrito al anterior gobernador del Banco de España a que tomase las medidas oportunidades sobre las mismas, (...) al carecer el Ejecutivo autonómico de competencia para hacerlo".
Para terminar, el escrito señala que "a día de hoy, con la nueva legislación aprobada por el actual Gobierno del Estado, este tipo de indemnizaciones ya no sería posible".
Cantidades reclamadas
La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 --momento en que se podría jubilar--, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.
Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego, se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Oscar Rodríguez Estrada.
La querella
En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
Medidas cautelares
Después de la comparecencia de los cinco imputados, el juez impuso medidas cautelares a cuatro de ellos, de modo que impuso la obligación de comparecer quincenalmente en un juzgado a Rodríguez Estrada, Gorriarán, Fernández Gayoso y Pego.
Además, el juez ha impuesto a García de Paredes, Rodríguez Estrada, Gorriarán y Pego fianzas cautelares de entre 347.000 y siete millones de euros y ha considerado a Gayoso responsable civil solidario de todos estos importes.
