El exdirector general de Novacaixagalicia José Luis Pego ha defendido ante la Audiencia Nacional la legalidad del contrato por el que se fijó su pensión y ha asegurado que el Banco de España y el consejo de administración de la entidad disponía de la documentación sobre su prejubilación, según informaron fuentes jurídicas.
Así se lo ha explicado al juez Ismael Moreno el que fuera máximo ejecutivo de la entidad nacida de la fusión de las cajas gallegas, en una declaración que se ha prolongado durante dos horas y, a cuyo término, se le han impuesto comparecencias quincenales en el juzgado. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte pero el magistrado no ha atendido esta medida cautelar.
En su declaración, el economista ha expuesto que el Banco de España pidió que se cuantificaran y provisionaran las modificaciones del contrato. Sin embargo, no puso objeciones ni abrió ningún expediente sobre este asunto.
En esta línea, ha manifestado que Caixanova --de la que él procee y en la que fue estrecho colaborador de Julio Fernández Gayoso-- fue siempre una entidad solvente, dejando entrever que los problemas financieros procedían de Caixa Galicia. El exdirectivo Oscar Rodríguez Estrada también señaló este jueves ante el juez que la caja con sede en A Coruña registraba peores resultados antes de la fusión de ambas.
Devolución de 1,44 millones de euros
Además, Pego ha asegurado que el Consejo de Administración de la entidad tenía a su disposición la documentación del contrato, en el que aparecía la forma de calcular las gratificaciones por los servicios prestados, que no eran conceptos variables ni estaban vinculadas a los resultados de la entidad.
En este sentido, ha defendido la legalidad y transparencia de su contrato, el cual firmó en colaboración con el expresidente Julio Fernández Gayoso. Según ha dicho, los nuevos contratos se efectuaron tras la fusión de las cajas gallegas para unificarlos y clarificarlos de acuerdo a los cargos acordados en la entidad resultante --se aplicaron, por ejemplo, a García de Paredes, que procedía de Caixa Galicia--.
A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Anticorrupción imputa a los altos directivos de la entidad la comisión de delitos de administración desleal y, alternativamente, la apropiación indebida de, al menos, 7,8 millones de euros en concepto de indemnizaciones.
Medidas cautelares
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 impuso esta semana comparecencias periódicas en el juzgado a Oscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración, y a Gregorio Gorriarán, exdirectivo del grupo inmobiliario.
El juez no acordó esta medida cautelar para Javier García de Paredes, quien afirmó que el banco ahorró 1,5 millones de euros de intereses cuando él cobró anticipadamente por capitalización los 5,36 millones de su prejubilación.
El lunes llegará el turno de declarar ante el juez al excopresidente Julio Fernández Gayoso, a quien la Fiscalía atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
La Fiscalía considera que las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones fueron ocultadas "tanto al Consejo de Administración como al Banco de España" y les reclama la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente.
Además de las cantidades reclamadas a Pego, Anticorrupción reclama en la querella presentada 5,36 millones de euros a Javier García de Paredes, 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estrada.
La querella
Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.
Apunta además que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías.
