El futuro del negocio del viento empapó buena parte de la campaña electoral de las anteriores autonómicas, con la promesa de los populares de tirar abajo el concurso impulsado por nacionalistas y socialistas, amparándose en que era ilegal. La actual Xunta optó por sacar una nueva ley -en la que se incorporó el polémico canon eólico por el impacto de los molinos que aún hoy enfrenta a la Administración con los promotores- y otro reparto para los 2.300 megavatios (MW) con los que, según el conselleiro de Economía e Industria, la comunidad contaría con una salida para la crisis.

Javier Guerra prometió una inversión de 6.000 millones de euros y 13.266 empleos. Fenosa y Norvento lograron las mejores puntuaciones y la mayor cantidad de potencia, seguidas de Estela Eólica, que protagonizó el pinchazo oficial del proceso con la frustrada incineradora del sur. Uno de los muchos planes industriales, según el sector, que se van a quedar en el cajón. Teóricamente, antes de que acabe el año, todas las instalaciones tendrían que contar con la autorización administrativa.

La reciente decisión del Ministerio de Industria de imponer un nuevo impuesto a la generación eléctrica provocará, según la patronal eólica gallega, que solo un 20% del concurso vaya adelante. La actividad tiene cerrada las puertas a las primas desde que en enero se congelaron para evitar el crecimiento del déficit de tarifa. El enésimo obstáculo a un negocio que sufre, como todos, la falta de financiación y el freno del consumo.

Por si fuera poco, el Tribunal Superior de Xustiza avaló el decreto del bipartito para el desarrollo eólico, que obligaba a guardar una participación pública en los parques, y acaba de declarar nula la suspensión del concurso anterior.